El acusado arrojó el elemento incendiario al interior del templo durante la celebración de un servicio religioso en el que numerosos fieles participaban, pero el artefacto no produjo la ignición esperada por el hechor, quien posteriormente fue detenido.

El máximo Tribunal confirmó la condena impuesta al actor, pues los indicios observados por la policía hacían presumir que el acusado se encontraba próximo a cometer un delito, o acababa de realizarlo, esto, al ser encontrado en un inmueble abandonado, sin ropa apta para el clima, y con un bolso que contenía más de 11 kilos de cocaína base.

El sentenciado sembró el terror entre los habitantes de la ciudad, efectuando diversos robos de dinero a taxistas y choferes de la aplicación Uber. El máximo Tribunal confirmó la pena de 20 años impuesta al imputado, descartando que en el juicio se haya vulnerado el debido proceso.

La prueba de campo efectuada al momento de incautar la droga, dio cuenta de la existencia del principio activo de la sustancia que es considerada nociva para la salud en virtud de lo establecido en el artículo 3 de la Ley Nº20.000.

Los hechos ocurrieron en noviembre de 1973, en el marco de la denominada “operación peineta”, que buscaba capturar a opositores del régimen militar en la zona cordillerana entre Concepción y Valdivia. Sin embargo, en fallo dividido, el máximo Tribunal sustituyó de oficio la pena privativa de libertad por la remisión condicional de la pena, aduciendo razones humanitarias en atención a los derechos que posee el condenado al ser un adulto mayor.