En materia de derecho animal se encuentra cuestionado el status jurídico actual de «cosa» de los animales, con base en lo normado en la Constitución y otras normas. En el caso que nos ocupa, los animales -y con mucha más razón este animal doméstico- son seres sintientes que gozan de derechos propios como parte de la obligación de respeto a la vida y protección de su integridad.
Para que se configure un conflicto competencial se requiere de la concurrencia de dos elementos: uno subjetivo y otro objetivo. El primero está referido a que los sujetos involucrados en el conflicto deben contar con legitimidad para obrar. El segundo que la naturaleza del conflicto posea dimensión constitucional.
No cabe duda que la ley de origen parlamentario vulnera el principio de separación de poderes al usurpar la iniciativa exclusiva del Poder Ejecutivo al legislar sobre la organización y administración de los órganos de la Administración Pública, dando lugar así a un defecto de inconstitucionalidad formal.
La ley impugnada afecta los derechos de los consumidores y la protección de los niños y adolescentes. La Constitución Federal establece que es competencia concurrente de la Unión, los Estados y el Distrito Federal legislar sobre la protección de la niñez y la juventud.
La materia y el sujeto son dos elementos fundamentales para determinar si el asunto debe ser resuelto en sede federal o provincial: el primero tiene el propósito de afirmar atribuciones del gobierno federal en las causas relacionadas con la Constitución, tratados y leyes nacionales; el segundo procura asegurar la imparcialidad de la decisión y la armonía nacional.
Con ocasión de los daños causado por una embarcación a un inmueble ubicado en la rivera del río Paraná, se elevó el conflicto de jurisdicción a la Corte Suprema, que sustrajo el litigio de la competencia del tribunal de primera instancia para radicarlo en sede federal.
