En sus primeras palabras, señaló que la denuncia por violación y abuso sexual por la que se encuentra formalizado Monsalve es “atroz”. Ello adquiere mayor gravedad porque la víctima es una subordinada, “lo cual genera una gigantesca asimetría de poder”.
La Magistratura Constitucional señaló que, dado que hay un solo y mismo interés jurídicamente relevante en juego, respecto del Municipio y respecto del Consejo, no puede aceptarse que ese interés esté doblemente representado en el proceso penal, y es allí donde encuentra razón el argumento de que debe evitarse la sobre representación estatal.
El Tribunal determinó que no se logró acreditar una relación de causalidad entre la acción efectuada por la demandada y el daño ambiental alegado.
La demanda, elaborada por la Unidad de Medio Ambiente del Consejo, sostiene que las actividades mineras desarrolladas ininterrumpidamente desde 1997, especialmente bajo el actual método de explotación a rajo abierto, completamente mecanizado, son responsables materiales de la destrucción y alteración de componentes esenciales del salar, la pérdida de servicios ecosistémicos, la pérdida de hábitat y la afectación a su biodiversidad.
El recurrente alega que el CDE no tiene facultades para desarrollar investigaciones ni dirigir aquellas que estén en curso, no sólo porque dicho rol le corresponde al Ministerio público, sino que, además, su competencia se orienta solo a aquellas que digan relación con aquellos casos en que se ha generado un perjuicio al patrimonio estatal, mas no para investigar un ilícito, menos si él, no es un funcionario público.
El informe concluye que, “evidentemente, hay un mecanismo de conducta para aprovecharse del Estado” y que es “una práctica transversal”.
La ministra presidenta del Segundo Tribunal Ambiental, Marcela Godoy Flores, explicó que esta judicatura especializada decretó la diligencia antes mencionada, una vez que se llevó a cabo la audiencia de prueba y alegatos finales de la causa, pues “de la prueba rendida por las partes, el Tribunal estimó necesario revisar en el algunos hechos que se discutieron como eventuales daños referidos a algunos componentes ambientales”.
En sus alegaciones finales, la abogada demandante, Paulin Silva, hizo alusión a la responsabilidad del Estado y a la falta de políticas públicas. Dijo que “no es normal convivir con vertederos ilegales, no es normal convivir con incendios, ni con basura en la calle” y aseguró que los hechos demandados “son la punta del iceberg”.
El máximo Tribunal confirmó la sentencia que estableció la falta de servicio de la demandada, por haber incumplido tanto el Servicio Nacional de Geología y Minera (Sernageomin) como la Dirección del Trabajo (DT) el deber de fiscalizar las condiciones de seguridad y laborales de la faena de propiedad de la compañía minera San Esteban Primera.
El Tribunal acogió la petición formulada por la Fiscalía y amplió la indagatoria en 60 días, por existir diligencias pendientes, incluida la revisión de un total de 1.419.679 de correos electrónicos y las entrevistas a los funcionarios fiscalizadores de Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) que realizaron los informes que originaron las sanciones cursadas por la autoridad administrativa a la empresa.
Para el Consejo hubo una evidente negligencia de las empresas a las que está demandando en tanto, afirma “[…] que a fin de aumentar sus márgenes de ganancia fueron más allá de lo autorizado ambientalmente en la faena minera y terminaron generando el daño ambiental irreparable”.
