En sus alegaciones finales, la abogada demandante, Paulin Silva, hizo alusión a la responsabilidad del Estado y a la falta de políticas públicas. Dijo que “no es normal convivir con vertederos ilegales, no es normal convivir con incendios, ni con basura en la calle” y aseguró que los hechos demandados “son la punta del iceberg”.

El máximo Tribunal confirmó la sentencia que estableció la falta de servicio de la demandada, por haber incumplido tanto el Servicio Nacional de Geología y Minera (Sernageomin) como la Dirección del Trabajo (DT) el deber de fiscalizar las condiciones de seguridad y laborales de la faena de propiedad de la compañía minera San Esteban Primera.

El Tribunal acogió la petición formulada por la Fiscalía y amplió la indagatoria en 60 días, por existir diligencias pendientes, incluida la revisión de un total de 1.419.679 de correos electrónicos y las entrevistas a los funcionarios fiscalizadores de Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) que realizaron los informes que originaron las sanciones cursadas por la autoridad administrativa a la empresa.

Para el Consejo hubo una evidente negligencia de las empresas a las que está demandando en tanto, afirma “[…] que a fin de aumentar sus márgenes de ganancia fueron más allá de lo autorizado ambientalmente en la faena minera y terminaron generando el daño ambiental irreparable”.

En la resolución se explica que esperan que la intervención del Consejo de Defensa del Estado permita cautelar el correcto uso de los recursos fiscales y sancionar penalmente los responsables.

El Tribunal de alzada estableció que la información requerida se encuentra cubierta por causa de reserva o secreto prevista en el Código de Justicia Militar.

Si bien informó datos y medidas respecto a los asentamientos ilegales en predios fiscales, no entregó los antecedentes solicitados por el requirente, al considerar que su publicidad puede entorpecer el funcionamiento de su cartera y perjudicar las acciones legales/administrativas.

En la audiencia las partes expusieron sus argumentos de las reclamaciones presentadas contra la resolución del Ministerio del Medio Ambiente, que declaró el humedal urbano “Las Quemas” en la comuna de Osorno.

A través del avenimiento, Anglo American se obliga a ejecutar acciones asociadas a la compensación ambiental, tales como reparar y recuperar la vega altoandina ubicada en el Santuario de la Naturaleza Los Nogales, entre otros.

El máximo Tribunal anuló de oficio la sentencia de la Corte de Santiago, y declaró que un Juzgado Civil de la capital es competente para conocer la demanda de nulidad de derecho público por impugnarse en ella un acto terminal dictado en Santiago.