Consejo de Estado de Francia suspende los efectos de un decreto ejecutivo que ordenó la disolución de un grupo ecologista radical.
Cuestionó la legalidad del acto por no cumplir los requisitos establecidos en el Código de Seguridad Interior. Las autoridades han advertido sobre la violencia del grupo, que ha llevado a cabo ataques contra la propiedad privada y las fuerzas de seguridad.