El Consejo de la UE y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo provisional sobre la Ley de IA en diciembre de 2023, y posteriormente, el Parlamento aprobó la ley en marzo del año en curso. La reciente aprobación por parte del Consejo constituye el paso final para su entrada en vigor.
Se evidencia que el recurrente es un hombre de negocios influyente y que interviene en un sector que proporciona una fuente sustancial de ingresos al Gobierno ruso. Por consiguiente, las sanciones impuestas incrementan el coste de las acciones de Rusia en Ucrania. Responden así a la voluntad de ejercer presión sobre las autoridades rusas para poner fin a sus acciones y políticas desestabilizadoras para Ucrania.
Las medidas suponen innegablemente una restricción del ejercicio del derecho de propiedad del demandante y afectan negativamente a su vida privada y familiar, a su domicilio y a sus comunicaciones. Sin embargo, siempre se ha sostenido que en el Derecho de la UE esos derechos fundamentales no gozan de una protección absoluta, sino que deben considerarse en relación con su función en la sociedad.
Con sus acciones militares ilegales, Rusia está violando gravemente el derecho internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas, socavando la seguridad y la estabilidad de Europa y el mundo.
El Tribunal General no debería haber anulado el mantenimiento de Hamás en dicha lista bajo la excusa que el Consejo no había autorizado mediante una firma las exposiciones de motivos individuales de dichos actos.
Auxiliares de Navalni habían pedido a la UE la adopción de sanciones contra los llamados «oligarcas», millonarios que disfrutan de influencia política en el entorno del presidente Vladimir Putin.
La ley tiene como objeto que la Unión Europea sea climáticamente neutra para el año 2050.
Las sanciones se encuentran vigentes desde el año 2016.
