El Consejo para la Transparencia (CPLT) dio a conocer los resultados de su proceso de fiscalización 2024 a instituciones de educación superior estatales, en el que se evaluó el cumplimiento de normas de transparencia activa – esto es el acceso a información pública disponible – en universidades estatales, centros de formación técnica (CFT) y servicios locales de educación pública (SLEP).
La información que se ordena entregar al amparo de la Ley de Transparencia es aquella que obra en poder de los respectivos servicios; la que emana directamente del ejercicio de sus fines y labores, y las atribuciones del Servicio recurrente se refieren a cuestiones administrativas determinadas, dentro de las que no se incluye la de efectuar trabajos estadísticos, como lo es determinar promedios y medianas que se solicitan en el caso sub lite, respecto de la información contenida en los registros que mantiene.
La Corte consideró en este caso que la publicidad pone en riesgo la efectividad de la actividad fiscalizadora, es decir, afecta el debido cumplimiento de las funciones de la Comisión para el Mercado Financiero.
La indagatoria reveló que en 103 municipios (64%) existe un correcto acceso de datos relativos a permisos de edificación para el período revisado (2019 a agosto de 2023). Sin embargo, en 57 de las restantes (36%) se detectaron incumplimientos.
Para que prospere la causal de reserva invocada deben cumplirse dos requisitos: a) Que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política, y b) Que la publicidad, conocimiento o divulgación de dicha información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, los que verifican en la especie.
En fallo unánime desestimó que la información solicitada tenga el carácter de reservada y, además, consideró que los nuevos sistemas de evaluación y categorización de los profesionales de la educación, reviste un evidente interés público.
la Novena Sala del tribunal de alzad estableció que las funciones que ejerce el Presidente de la República son públicas y que tienen interés social, lo que justifica su acceso.
“Colar a pacientes por sobre otros, en vulneración de los criterios de priorización establecidos, genera muertes. No hay que olvidar que según lo informado por el mismo MINSAL, en el 2022 más de 44.000 personas fallecieron esperando una atención (10 % más que el 2021); y, en el primer cuatrimestre del 2023, fallecieron 10.447 personas más, de las cuales 976 esperaban atenderse en hospitales del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente”, afirmó el presidente del CPLT, Bernardo Navarrete,
La Sexta Sala del tribunal de alzada descartó que la información solicitada por ley de transparencia tenga el carácter de reservada o secreta.
El MINIEDUC alega que, a pesar de tratarse de un conflicto de relevancia jurídica, se impide que la decisión del CPLT sea revisada por un órgano jurisdiccional, que pondere las reglas y derechos en juego con mayor distancia e imparcialidad.
La Novena Sala del tribunal de alzada descartó infracción en la resolución que consideró que los antecedentes solicitados son de carácter público y que su entrega afecte las políticas comerciales de la reclamante, la sociedad farmacéutica Megalabs Chile SA.
