La autorización para proceder con el tratamiento fue otorgada al final de un proceso de toma de decisiones que sufrió la omisión de información esencial sobre los deseos de la actora, los cuales habían sido registrados por escrito en diferentes formas y momentos.
El enfoque social de la discapacidad implica maximizar la autonomía de la persona con diversidad funcional para garantizar que ejerza sus derechos fundamentales sin obstáculo alguno y en condiciones de igualdad. De ahí que resulte inadmisible que en su caso no se haya intentado obtener su consentimiento informado.
La ley reconoce el derecho a la interrupción voluntaria de embarazo (IVE) hasta la semana 14 de gestación inclusive, con solo expresar la decisión de abortar, sin tener que explicar motivos. Y, a partir de la semana 15, reconoce también el derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE) si es consecuencia de violencia sexual o hay un peligro para la salud o la vida de la persona gestante.
Era la madre quien tenía el derecho a decidir si daba a luz de forma natural o mediante cesárea. Nos encontramos ante una usurpación inadmisible de un derecho ajeno que ha provocado un resultado terrible por aquellos que hurtaron la posibilidad de que la mujer pudiera optar por la cesárea en su debido momento para evitar cualquier lesión a su hijo.
La relación de causalidad entre la falta absoluta de información a la paciente y privación de su derecho a decidir la forma de dar a luz con la hipoxia padecida por el menor y las gravísimas e irreversibles secuelas padecidas por el mismo, aparece clara desde el momento en que de forma extemporánea los propios facultativos acabaron por decidir y practicar tal cesárea.
Las autoridades no examinaron en profundidad la cuestión del consentimiento, centrándose únicamente en la afirmación de que el órgano había sido extraído como medida de emergencia para salvar su vida. Además, el hospital, que practicaba el consentimiento oral, no había tenido protocolos adecuados de mantenimiento de registros o una política de consultar a los familiares en tales situaciones.
La actora ingresó para ser operada por glaucoma, y posteriormente fue sometida a dos cirugías sin su consentimiento informado para enmendar errores de la primera intervención. El máximo Tribunal estimó que el servicio prestado fue deficiente, pues el Hospital no registró las operaciones adicionales en la ficha clínica de la demandante, hecho que impidió diagnosticarla adecuadamente.
El consentimiento no es aquel que se otorga en abstracto, sino el referido a los riesgos concretos de cada procedimiento; sin que sea suficiente la manifestación por parte del galeno en términos científicos y complejos de las terapias a que deberá someterse el paciente, sino que deben hacerse inteligibles para que este conozca ante todo los riesgos implicados y así pueda expresar su voluntad de someterse al mismo.
Resulta imprescindible el consentimiento informado del paciente o la autorización de un familiar para inmovilizarlo farmacológicamente.
El paciente debe otorgar su consentimiento por escrito y ser informado de los eventuales riesgos antes de ser sometido a una intervención quirúrgica.
La demandante estuvo en conocimiento de que el método de esterilización elegido podía fallar y asumió el riesgo del eventual fracaso.
