Es fundamental elevar a rango constitucional los límites del territorio nacional, abarcando no solo los límites terrestres, sino también los aéreos y marítimos, con sus respectivos grados de jurisdicción. La modificación pretende incorporar un nuevo capítulo con el objeto de reconocer al territorio nacional en la Constitución.
La iniciativa refiere que se necesitan reformas estructurales que sean capaces de resguardar a nuestros adultos mayores y no a los grupos económicos de siempre.
Las que interpreten preceptos constitucionales necesitarán las cuatro séptimas partes de los diputados y senadores en ejercicio. Las orgánica constitucional y las leyes de quorum la mayoría absoluta. Las demás normas legales la mayoría de los miembros presentes de cada Cámara.
No existen suficientes argumentos para justificar el aumento de tribunales ambientales: el bajo número de causas y la heterogeneidad de regiones de donde provienen permite concluir que el sistema hoy funciona correctamente. Se forzará al Estado a más que triplicar los recursos que destina para continuar realizando exactamente la misma labor.
Las normas propuestas podrían generar una serie de perjuicios al desarrollo de nuevos proyectos y, de esta forma, un menor acceso a la vivienda propia.
La relación que existe entre la ciudadanía y las autoridades que conforman el Poder Judicial es la misma existente entre un mandante y un mandatario, por ende, los jueces y ministros deberían rendir cuentas a la ciudadanía, se afirma en la iniciativa.
La iniciativa tiene el fin de actualizar la protección de derechos sociales de la Constitución vigente.
El proyecto se encuentra en su primer trámite constitucional en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado.
Se deben mejorar las herramientas de control de los límites constitucionales y legales establecidos para tales agrupaciones.
La iniciativa busca fortalecer los lazos de confianza de las personas respecto a sus autoridades, lo que constituye una de las principales demandas actuales de nuestra sociedad y de un Estado Democrático.
Reforzar la propiedad privada sobre las cuentas de ahorro de pensión es una señal adicional de seguridad, no solo para el mercado, sino también para la ciudadanía.
