La constructora superó los niveles de ruidos permitidos en la norma de emisión, afectando las labores en un colegio colindante.
En la sentencia, la magistrada acogió la demanda de indemnización de perjuicios, tras constatar que las empresas demandadas incumplieron con la obligación de seguridad en la faena donde se registró el accidente laboral.
El Tribunal rechazó la excepción de caducidad intentada por la sancionada y el actuar ilegal de la autoridad sanitaria.
Al no invocar el estatuto especial previsto en la LGUC ni el contemplado en los artículos 2003 y 2004 del Código Civil, que establecen un régimen de responsabilidad objetiva de las empresas constructoras, la parte demandante ha debido probar la negligencia que acusa, por lo que, sin esa verificación, se debe desestimar la acción de indemnización intentada.
Las autorizaciones administrativas no habilitan para perjudicar a terceros, de lo contrario el desarrollo de dichas actividades justificadas en dichas concesiones constituiría un abuso del derecho.
El Tribunal de alzada rechazó el recurso de nulidad intentado por la empresa.
Al acreditarse los trabajos de construcción y la consecuencia de la destrucción del muro, se puede concluir que ésta se produjo por tales obras, por lo que corresponde su reparación.
Judicatura concluyó que la resolución sancionatoria estuvo debidamente fundada.
Solicita que el Tribunal declare la ilegalidad de la resolución sancionatoria, sustituyendo la sanción de multa por amonestación por escrito o, en subsidio, rebajando la cuantía multa impuesta a 10 UTA o lo que esta judicatura especializada determine.
El Tribunal acogió la demanda de cumplimiento forzado de contrato presentada por la empresa Constructora Ingenieros Asociados Limitada, a cargo del proyecto de pavimentación de tramo de ruta costera entre las regiones del Biobío y La Araucanía.
