El recurrente sostuvo que, en el actual proceso constituyente, no se ha realizado la consulta al pueblo indígena que prevé el Convenio 169 de la OIT, vulnerando con ello los derechos adquiridos del pueblo mapuche en la redacción de un texto que acusan de “negacionista del genocidio mapuche”.

Debe retrotraerse el procedimiento para determinar si resulta procedente iniciar una consulta indígena. La declaratoria de Zona Típica o Pintoresca tendría la potencialidad de afectar a personas pertenecientes a pueblos originarios que realizan actividades económicas y productivas en el casco histórico de Castro, lo que no fue ponderado.

El máximo Tribunal estableció el actuar ilegal de la cartera, al no acatar un imperativo legal y lesionar la garantía de igualdad ante la ley de las organizaciones recurrentes.

El consejero constitucional, pionero de la solicitud de llevar a cabo una consulta indígena, se refirió a la decisión que tomó el Consejo Constitucional –con votos de Republicanos y Chile Seguro– de rechazar la propuesta.

En tal caso, también requerirán obtener la pertinente RCA favorable para efectos de otorgar la recepción definitiva, de acuerdo a lo previsto en el artículo 25 bis de la Ley 19.300, y caso de ser procedente efectuar una consulta indígena.

El Tribunal de alzada dejó sin efecto la resolución exenta que califica favorablemente el proyecto que impulsa la empresa Forestal Arauco S.A., a través de su filial Arauco Bioenergía S.A., que contempla la instalación de 43 aerogeneradores en las comunas de Arauco y Curanilahue y la construcción de subestaciones y una línea de transmisión de 60 kilómetros.

Sin embargo, recuerda que el MBN debe autorizar las concesiones emplazadas en territorios fiscales y que el dictamen N°25667N19 pronunció –en un caso similar- que es necesario efectuar una consulta indígena preliminar para resolver si se permite o no la ocupación de predios ubicados en Áreas de Desarrollo Indígena.

Se trata de la decisión un órgano de la administración del Estado, cuyas consecuencias por su potencial económico inciden en las posibilidades de desarrollo de las comunidades indígenas asentadas en el área perteneciente a un proyecto de explotación minera.

Esto, con ocasión de la crisis sanitaria, y en atención a las facultades que el artículo 18 del DS N°66 le otorga al Ministerio de Obras Públicas en casos excepcionales.

Las garantías fundamentales alegadas por los actores no se encuentran resguardadas por la acción constitucional intentada.