El Tribunal de alzada rechazó la acción constitucional por considerar que la recurrente no acreditó afectación de derechos fundamentales de igualdad ante la ley y no discriminación.

El viernes se revisaron las propuestas normativas de Participación y Consulta Indígena, Derechos Humanos y Participación Popular.

El Tribunal de alzada desestimó la acción cautelar por carecer de legitimación activa la parte recurrente y no individualizar el libelo a los eventuales afectados.

Tal pretensión, por sus características, debe ser resuelta en sede de la nueva institucionalidad ambiental, tanto más si de los antecedentes no aparece suficientemente demostrado el quebrantamiento de un derecho que haya de restablecerse, mediante la acción de protección.

Por la alteración significativa que el proyecto podría provocar en el sistema de vida y costumbres de los miembros de la comunidad indígena.

El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario e ilegal de las entidades públicas al decidir que no procede la consulta indígena por, en su opinión, no existir afectación a las comunidades que habitan y utilizan espacios ceremoniales y culturales en zonas que serán intervenidas.

El Servicio reclamado descartó que no se hayan analizados los planes y programas del territorio durante la evaluación ambiental, sino que concluyó que ellos eran compatibles con el proyecto.

El proyecto a desarrollar por la Gobernación Regional de Valparaíso constituye un estudio básico y previo que dará lugar a un futuro Plan de Gestión, por lo que no constituye un acto que genere un impacto directo sobre los derechos de la recurrente.

Acusan que el Decreto N°97 del Ministerio de Educación fue dictado omitiendo lo acordado en los procedimientos de consulta indígena que se practicaron durante su tramitación.

Los reclamantes señalan que durante toda la evaluación ambiental del EIA del Proyecto y especialmente en la RCA, no fueron evaluados adecuadamente los impactos significativos del artículo 11 de la Ley N° 19.300.