La Corte Suprema de Hawái había determinado previamente que la aplicación de las leyes estatales en este caso no estaba en conflicto con la legislación federal, ya que el objeto de las demandas era el supuesto comportamiento negligente de las empresas, y no la regulación directa de las emisiones. Dicho tribunal concluyó que la jurisdicción estatal era competente para conocer del asunto, al tratarse de una controversia que involucraba aspectos de responsabilidad civil conforme a las leyes locales.