El objeto principal del juicio se vincula -en principio- con la interpretación, sentido y alcance de aspectos relativos a los derechos de autor y de propiedad intelectual sobre el diseño indicado por el actor, regulados por la normativa aplicable, motivo por el que se estima que corresponde atribuir competencia a la justicia nacional en lo civil.
Más allá de la significación penal que en definitiva corresponda asignar a los hechos denunciados, confluyen en el presente una serie de circunstancias que impiden descartar, al menos de momento, la existencia de conductas en infracción a la ley de sanción y prevención de la trata de personas.
El delito de tráfico de estupefacientes es de ámbito federal, mientras que la tenencia ilegal de armas es de índole común.
Los reclamantes sostienen que el Consejo Regional debe solicitar la revocación de una transferencia temporal de competencias.
