Modifica el decreto Nº 1.358, de 2006, del Ministerio del Interior, que establece normas que regulan las medidas de control de precursores y sustancias químicas esenciales dispuestas por la ley Nº 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, por cuanto se ajusta a derecho. El documento incluye siete nuevos compuestos e incorpora en la fiscalización a la PDI y Carabineros.

La DGMN debe proponer al Ministerio de Defensa Nacional la fijación de las referidas tasas para que se dicten los decretos en los meses de enero y julio de cada año, según proceda, y de esa manera dar cumplimiento al mandato legal.

La SUSESO tiene la atribución exclusiva y excluyente de ejercer la supervigilancia y fiscalización de los regímenes de seguridad social y de protección social.

Dicha normativa permitirá aprovechar este tipo de recursos en el contexto de escasez hídrica que afecta al país.

Los pagos anticipados de acuerdo al artículo 18 de la ley N° 21.549, que crea un sistema de tratamiento automatizado de infracciones del tránsito, deberán ser enterados directamente en la Tesorería General de la República.

Presidente de la República cuenta con la atribución excepcional de establecer limitaciones al ejercicio del derecho de propiedad, la que puede delegar total o parcialmente, en el Jefe de la Defensa Nacional, a través del correspondiente decreto que así lo disponga de manera previa y expresa.

“Colar a pacientes por sobre otros, en vulneración de los criterios de priorización establecidos, genera muertes. No hay que olvidar que según lo informado por el mismo MINSAL, en el 2022 más de 44.000 personas fallecieron esperando una atención (10 % más que el 2021); y, en el primer cuatrimestre del 2023, fallecieron 10.447 personas más, de las cuales 976 esperaban atenderse en hospitales del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente”, afirmó el presidente del CPLT, Bernardo Navarrete,

La Contralora (S) impartió instrucciones sobre aspectos de la ley Nº 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios, incluidas reuniones que se verifiquen fuera de la jornada y en lugares privados.

Si el funcionario decide participar del programa de acondicionamiento físico, se encuentra en la obligación de acreditar que está apto para realizarlo, acompañando para ello la pertinente certificación médica, la que deberá ser de su propio cargo, atendida la naturaleza voluntaria de tal determinación.

Lo anterior, sin perjuicio del derecho de las interesadas de pedir la condonación o facilidades de pago, en virtud del artículo 67 de la ley N° 10.336.