Asimismo, la utilización de audios o capturas de pantalla de conversaciones, mensajes o imágenes de redes sociales como medios de prueba en procesos disciplinarios, son de índole general y no circunscritas a los que se instruyan por denuncias de acoso laboral y sexual.
El instructivo facilita el ejercicio, aplicación y alcance de los derechos previstos en la ley que establece un Estatuto de Protección de quienes denuncien.
Las entidades contratantes pueden pagar la diferencia entre el referido subsidio y el total de los honorarios acordados, si así se pacta en el contrato a honorarios.
Lobby: Los sujetos pasivos pueden negarse a conceder las audiencias o reuniones requeridas, a menos que esa decisión suponga infringir la igualdad de trato que deben dar a las personas, organizaciones y entidades, lo que no ocurrió en este caso.
El despedir al personal debiendo pagar una indemnización por ello, para luego recontratarlo, es una actuación que, de mamera evidente, carece de una motivación razonable y no resulta coherente con el imperativo de destinar los montos recibidos a cumplir únicamente con la función pública que realiza la JUNJI.
Por tanto, el procedimiento de “Ratificación de Residencia Temporal” implementado por el Servicio Nacional de Migraciones, no se ajusta a la normativa vigente, puesto que, conforme al principio de juridicidad, solo le corresponde ejecutar dichos mecanismos.
El texto recopila colaboraciones de profesionales ligados a la gestión pública y busca promover el debate sobre probidad y combate a la corrupción.
La decisión adoptada por el Consejo en orden a desestimar la inscripción de la ONG «Respeto, Justicia y Dignidad» en el registro de donatarios regulado por la ley N° 19.885, que establece incentivos tributarios para las donaciones a entidades sin fines de lucro con fines sociales y público, se ajustó a derecho.
A modo ejemplar, dichas solicitudes pueden tratarse de insistencias continuas en un determinado asunto o las efectúan de manera masiva por uno o más peticionarios, sin aportar elementos de juicio distintos a los que ya se han analizado en diversas oportunidades.
A partir de una denuncia ciudadana anónima, el ente contralor ordena al municipio evitar el uso desmedido de su imagen personal en web y redes sociales oficiales del municipio.-
Cuando el legislador ha autorizado a los organismos públicos para acceder al teletrabajo, lo ha hecho expresamente e imponiendo una serie de restricciones, las que encuentran su justificación en el carácter público de la función que estos ejercen.
