En razón de los principios de coordinación, eficacia, eficiencia y buen uso de los recursos públicos que impregnan la función de los organismos y servicios de la Administración del Estado.

Pues la Ley 12.522 que regula este régimen de pensión no prevé esta hipótesis de acrecimiento, por lo tanto, al corresponder a una institución excepcional no es posible aplicarla mediante interpretaciones legales.

Pues se acogió a los beneficios entregados por retiro del cargo -de forma íntegra- previstos en las leyes 19.882, 20.948 y 20.405.

Quienes se encuentren haciendo uso de su descanso maternal en la época en que les corresponda gozar del feriado, pueden ejercer este derecho en una época distinta a la interrupción de clases, por un plazo máximo de 15 días con posterioridad a los permisos maternales siempre que no se afecte la continuidad del servicio.

En razón de que este deber se desprende únicamente en el supuesto de incumplir la obligación de retribución, la cual nace una vez concluidos los estudios pedagógicos de profesor (a) o educador (a), por lo tanto, el caso consultado no puede generarse ninguno de los dos.

Respecto a la denuncia por falta del servicio de notas de crédito, el Contralor dictaminó que aquella no forma parte de la licitación pública.

No obstante, el ente contralor puntualiza que el Fondo puede desarrollar actividades vinculadas a la conservación de los recursos hídricos del río Maipo, pero la DGA es el organismo sectorial encargado de otorgar permisos en estas materias al fiscalizar el funcionamiento administrativo de los ríos y cuencas del país.

La institución castrense por resolución de 5 de abril del 2021 decide que esa instalación no está dentro de aquellas cuyo uso está permitido para la comunidad civil. La Contraloría, con anterioridad dictaminó que un club aéreo privado no puede hacer uso permanente de recintos militares.

Sin embargo, los Departamentos de Tránsito municipales encargados de otorgar y renovar licencias de conducir pueden para el sólo efecto de esta competencia conocer si una persona se encuentra o no dentro del Registro de Prófugos, sin que puedan tener acceso a otros contenidos del mismo.

Pronunciamiento que se funda en la defensa de los intereses del Estado realizada por el CDE y el principio de coordinación que debe imperar entre los órganos de la Administración.