La divulgación desincentiva el rol que le corresponde a todo ciudadano en la labor coadyuvante de dicha función. Los datos de los denunciantes anónimos se encuentra protegidos por la causal de reserva del artículo 21, N°1, de la Ley 20.285.

Lo anterior, no impide que los Servicios Sanitarios Rurales que carezcan de derechos de aprovechamiento puedan solicitar autorización con cargo al decreto de escasez, por un caudal determinado, para extraer recurso hídrico para fines de consumo humano o saneamiento.

Existe una política pública ministerial por lo que la entidad edilicia deberá adoptar las medidas que resulten pertinentes para que sus actuaciones se ajusten a derecho. No corresponde destinar recursos municipales en el desarrollo de labores ajenas a las que la ley le autoriza ejecutar.

Personal que compone la Administración del Estado, está impedido de realizar cualquier actividad política dentro de la Administración, regla que se aplica a autoridades, jefaturas o funcionarios.

El premio no puede considerarse un donativo oficial o protocolar -excepciones permitidas por el legislador-, pues la ASOEX entrega una suma de $500.000, que es destinada al goce personal de la galardonada. Además, la premiación puede comprometer la debida imparcialidad de sus funciones administrativas.

No le asiste el derecho a percibir dieta u otro estipendio, pues esa labor ya se encuentra retribuida con la remuneración que percibe en su calidad de Director de ENAER.

Dado que los funcionarios no se encuentran obligados a gozar del feriado en forma continua, no existe razón para que su duración quede determinada por la fecha en que se inicia su uso.

No hay vulneración del fuero que goza la interesada, puesto que, su vínculo con Gendarmería se mantiene vigente, bajo las mismas condiciones existentes al momento de iniciar su embarazo.

Lo anterior por aplicación de los artículos 21, N°9, de la Ley de Navegación y 3 y 18 de la Ley de Fomento a la Marina Mercante. DIRECTEMAR podrá imponer la cancelación de una inscripción o una multa, según las particularidades de cada infracción y el mérito de la investigación.

El Contralor considera que en la Resolución N°56/2021 de la SJC carece de la debida fundamentación de un acto administrativo.