El primer mandatario no realizó declaraciones ni expresó opiniones políticas que llamaran a sufragar a favor de una de las opciones plebiscitadas. Por medio de esas acciones solo exteriorizó su opción personal en la materia.

No obstante, no hay impedimento jurídico para que el organismo cubra la diferencia que exista entre el monto del subsidio por incapacidad que tiene derecho a percibir el/la trabajador/a que hizo uso de las licencias médicas indicadas y el total de los honorarios estipulados.

Sólo pueden ser considerados obligatorios los acuerdos voluntarios de la Municipalidad con tales organizaciones, pues no se puede conceder un carácter vinculante a las consultas indígenas –tal efecto no se desprende del ordenamiento jurídico-.

Se le acusa de abandono de deberes, frivolización de la imagen pública e intereses electorales ajenos a su cargo.

El Servicio no acreditó que las horas prestadas por la profesional sean una compra de servicios, pues no se acompaña el contrato respectivo ni los datos necesarios para acceder a dicha información en el portal Mercado Público.

Aborda aspectos sobre la inclusión laboral en las corporaciones y fundaciones municipales, Alta Dirección Pública, reportes de las empresas sobre la inclusión, consecuencias del incumplimiento, entre otros.

Compete a los Tribunales de Justicia determinar el mecanismo procesal a través del cual el INDH decide hacer presente su parecer en un determinado juicio.

En tal caso, también requerirán obtener la pertinente RCA favorable para efectos de otorgar la recepción definitiva, de acuerdo a lo previsto en el artículo 25 bis de la Ley 19.300, y caso de ser procedente efectuar una consulta indígena.

En el caso que la COMPIN haya declarado irrecuperable la salud de un funcionario, y luego la Comisión Médica Central de Carabineros considere que tiene una salud apta para continuar con el servicio, el Director Nacional, si así lo estima, puede declarar la salud incompatible de ese servidor.

La Ley N° 18.575 permite que los servidores ejerzan libremente cualquier profesión u oficio, siempre que sea conciliable con su posición en la Administración del Estado y se desarrolle fuera de la jornada laboral para no perturbar el oportuno cumplimiento de su deber funcionario.