El texto recopila colaboraciones de profesionales ligados a la gestión pública y busca promover el debate sobre probidad y combate a la corrupción.
La decisión adoptada por el Consejo en orden a desestimar la inscripción de la ONG «Respeto, Justicia y Dignidad» en el registro de donatarios regulado por la ley N° 19.885, que establece incentivos tributarios para las donaciones a entidades sin fines de lucro con fines sociales y público, se ajustó a derecho.
A modo ejemplar, dichas solicitudes pueden tratarse de insistencias continuas en un determinado asunto o las efectúan de manera masiva por uno o más peticionarios, sin aportar elementos de juicio distintos a los que ya se han analizado en diversas oportunidades.
A partir de una denuncia ciudadana anónima, el ente contralor ordena al municipio evitar el uso desmedido de su imagen personal en web y redes sociales oficiales del municipio.-
Cuando el legislador ha autorizado a los organismos públicos para acceder al teletrabajo, lo ha hecho expresamente e imponiendo una serie de restricciones, las que encuentran su justificación en el carácter público de la función que estos ejercen.
El nuevo Decreto representa un importante cambio en las regulaciones para obtener la libertad condicional en Chile. Con mayores exigencias y una mayor participación de las víctimas, este decreto busca fortalecer el sistema penitenciario y garantizar una justicia más equilibrada.
Las municipalidades, en el ámbito de su territorio, pueden desarrollar funciones relacionadas con la cultura, la recreación y actividades de interés común en el ámbito local, y en su ejecución pueden utilizar bienes municipales y nacionales de uso público, pero siempre que su uso no entorpezca la marcha normal de las entidades edilicias o signifiquen un menoscabo de la afectación principal de aquellos; y, solo en la medida que se enmarquen en los fines del municipio o, excepcionalmente, en casos calificados, en otros fines de interés general.
La percepción indebida de beneficios pecuniarios importa un perjuicio al patrimonio público, por lo que, en virtud de los principios de probidad administrativa, legalidad del establecimiento de remuneraciones y reciprocidad de estas, el funcionario que haya recibido indebidamente beneficios pecuniarios se encuentra en la obligación de reintegrarlos.
El informe especifica que el municipio no cuenta con manuales de procedimientos administrativos relacionados con la Tesorería, tampoco sobre pagos y manejo de cuentas bancarias, ni sobre el funcionamiento de la caja del municipio.
La normativa que había sido reingresada por el Ministerio de Transportes al ente contralor el pasado 2 de mayo, entrará en vigor 12 meses luego de publicarse en el Diario Oficial.
