Reconsideró el criterio sostenido respecto de los descuentos originados por el otorgamiento de beneficios contemplados en los reglamentos de bienestar.

El ente contralor sostiene que la intención del legislador con la exención tributaria establecida fue la de liberar a las universidades del Estado de cualquier impuesto que les resulte aplicable en el cumplimiento de sus funciones.

Las labores administrativas o de servicios menores que sean necesarias para la gestión de dicho Fondo deben ser efectuadas por personal de Carabineros de Chile.

Le corresponde a Carabineros de Chile calificar el cumplimiento de los requisitos prescritos por las normas atingentes a esta materia.

La intervención del intendente sobre la materia no parece haber sido prevista en su calidad de órgano ejecutivo del Gobierno Regional, sino como representante del Presidente de la República.

En tal caso, el alcance de las normas corresponde a la Contraloría.

La Ley 21.256 faculta excepcionamente al Ministro de Hacienda para transferir un bono de apoyo a microempresarios y conductores de transporte remunerado de pasajeros.

Por ello, no es procedente que la Dirección del Trabajo dé curso a los requerimientos que al efecto presenten tales funcionarios.

Contraloría advierte que la regulación del traspaso del beneficio ha sido sometida a una reglamentación diversa a la alegada, cuya extensión es más restringida.

Esto, siempre que no exista disponibilidad de enfermeras/os, quienes son usualmente los que ejecutan esas acciones.