Contraloría actúa en ejercicio de sus facultades al resolver, con motivos suficientes, que el término de la contrata de la recurrente se ajustó a derecho.
No cabe examinar por la vía de protección la justificación, mérito o conveniencia de la contratación, porque tales extremos exceden el propósito de una acción cautelar, lo que se traduciría en la pretensión de que la Corte sustituya a la administración en la gestión de sus recursos, señala el fallo.