El ente contralor adujo que, si bien los GORES son personas jurídicas de derecho público de naturaleza descentralizada, forman parte del Sistema de Administración Financiera del Estado.
Esto, a propósito de requerimiento de un particular que solicita un pronunciamiento acerca de la decisión adoptada por la Municipalidad de San Bernardo, en orden a no otorgar el permiso de circulación respecto del vehículo que señala, por encontrarse vencido su certificado de homologación individual.
El ente contralor adujo que, al encontrarse la materia consultada dentro del dominio o reserva legal, no procede, por medio de la vía jurisprudencial, otorgar a los funcionarios estipendios que no se hallen expresamente establecidos en una norma de rango legal.
El órgano fiscalizador sostuvo que, considerando las anormales condiciones generadas por la pandemia y las medidas adoptadas por la autoridad sanitaria con ocasión de ellas ,la habilitación por parte de la Dirección del Trabajo de un procedimiento de finiquito laboral electrónico en su página web, puede entenderse en el contexto excepcional que afecta al territorio nacional, pero solo mientras este se mantenga.
El ente contralor adujo que no procede, a menos que se realicen como consecuencia de esa evaluación y en las condiciones que se indican.
El órgano fiscalizador reiteró que es atribución de cada jefatura superior tanto disponer el trabajo remoto para sus funcionarios, como cesar esa medida de gestión, a fin de atender presencialmente las funciones que estimen esenciales y requieran dicha modalidad de trabajo.
Esto, a propósito de solicitud del diputado Ascencio, quien solicita un pronunciamiento que determine si la declaración de intereses y patrimonio del Presidente Piñera, cumple con los estándares de probidad, respecto a todas aquellas empresas a las que pertenece el primer mandatario y de las que pudiera emanar algún conflicto de intereses, así como de las empresas que poseen sus hijos.
El ente contralor adujo que dicho título debe ser otorgado por una universidad o instituto profesional del Estado o reconocido por éste, o de un título de nivel equivalente otorgado por una universidad extranjera.
El órgano fiscalizador sostuvo que, en este caso, existe un cumplimiento de la obligación asumida contractualmente, pero en una modalidad distinta a la inicialmente convenida, por lo que procede el pago respectivo, adecuándose el contrato y el precio pactado a la nueva forma de prestación de los servicios.
El órgano contralor adujo que deben adoptarse otros resguardos y mecanismos de validación del quehacer efectivamente realizado por dichos servidores.
