El ente contralor adujo que los recursos transferidos están destinados a una finalidad específica definida por la autoridad sanitaria, por lo que aquellas prestaciones que los beneficiarios no reciben, constituyen caudales públicos que no se emplean en el fin para el cual han sido otorgados.

Esto, a propósito de solicitud del Director de dicho Hospital, que reclama que CAPREDENA se ha negado a pagar atenciones médicas de urgencia practicadas a una paciente montepiada de esa entidad, desconociendo con ello el convenio de atención que esa institución mantiene vigente con los servicios de salud desde el año 1982.

El ente contralor adujo esto, a propósito de la determinación de la modalidad de trabajo a implementar respecto del personal a su cargo a raíz de la emergencia sanitaria existente.

El ente contralor adujo esto, en la medida que aquellas se efectúen conforme a las autorizaciones contenidas en la ley de presupuestos, en las respectivas asignaciones presupuestarias y en general, de acuerdo con la preceptiva que rija la materia.

El funcionario fue sancionado pues no se presentó al servicio, debido a que en el trayecto se vio involucrado en un accidente de tránsito, constatándose que conducía bajo la influencia del alcohol.

El órgano contralor adujo que la sola referencia a un estudio, con el objeto de hacerlo concordante con jurisprudencia de esta Contraloría General, sin comprometer plazos ni indicar opciones en el intertanto, no resulta suficiente para entender que se han adoptado las medidas conducentes a corregir el reparo de la especie.

Asimismo, el órgano contralor adujo que la autoridad tiene la facultad de retribuir los trabajos extraordinarios mediante un recargo en las remuneraciones, si no puede otorgar descansos por esas labores.

El órgano fiscalizador adujo esto, en atención a que las anotadas pensiones han sido calculadas en base a la totalidad de las remuneraciones de los exfuncionarios de la especie, sin considerar el tope imponible.

El órgano fiscalizador adujo esto, sin perjuicio de la facultad de la respectiva autoridad de evaluar la posibilidad de modificar los contratos o de poner término anticipado a los mismos, fundada en el interés público, si las circunstancias de hecho lo hacen necesario.

El órgano contralor adujo esto, dado que tal calidad corresponde a una nueva designación en una función pública directiva y no se desempeña en razón de dicho empleo a contrata.