Inhabilidad de ingreso a la Administración, por haber sido calificado en lista 4 o por dos años consecutivos en lista 3, se genera no solo por la declaración de vacancia del cargo, sino también cuando el funcionario, luego de ejecutoriada su mala evaluación, presenta su renuncia.

La ley N° 20.845, de Inclusión Escolar, que crea el mencionado Fondo, contiene normas de orden público, las que, por ende, deben ser interpretadas restrictivamente.

Se deberá iniciar un proceso invalidatorio de la resolución exenta que designó a un tercero, toda vez que en el proceso concursal que le sirve de fundamento se incurrió en un vicio que incide en la licitud de tal designación.

Se trata de una medida que se decreta en forma paralela al sumario y que, por ende, no es parte de su tramitación, por lo que puede adoptarse aun cuando el proceso disciplinario se encuentre suspendido, sin perjuicio de que se confirme la baja o se deje sin efecto.

Por consiguiente, la Subsecretaría de Redes Asistenciales deberá ajustar los actos administrativos que aprueben bases de concursos para acceder a esos programas, en lo sucesivo.

Atendida las particulares exigencias que imponen la función policial y la carrera profesional, por cuanto su personal deberá garantizar y mantener el orden y la seguridad pública interior.

El mandato legal de incluir la normativa interna de las instituciones de educación superior en los convenios que estas celebren con organismos de la Administración del Estado, no puede afectar las potestades de administración y disciplinarias de estos últimos.

No procede que la DGA modifique el listado de derechos de aprovechamiento afectos al pago de patente por no uso en razón de la renuncia de éstos formulada con posterioridad a su inclusión en dicha lista.

No se trata de una epidemia por una enfermedad contagiosa, por cuanto, la amenaza a la salud pública que se pretende abordar por medio de la alerta sanitaria es la transmisión que se produce de vector a persona, mas no entre personas.

Sus dichos se enmarcan en la aprobación de la creación de un Consejo Técnico Asesor de la Contraloría General de la República y de un nuevo capítulo sobre “Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas”.