El servicio puede aplicar en su labor interpretativa todos los elementos del derecho que estime procedentes, como el espíritu o finalidad del legislador, según la materia de que se trate y de las particularidades del caso.

Un ejemplo de dichos proyectos específicos, es el Programa de Capacitación en Oficios, destinado a la ejecución de planes de capacitación y/o formativos, a través de los establecimientos educacionales de enseñanza media administrados por la UTEM.

La normativa sobre la materia no contempla la posibilidad de incluir a los nietos del causante en representación de algún hijo fallecido para efectos de presentar esta solicitud.

La iniciativa tiene por objeto proveer de un marco normativo que desincentive conductas contrarias a la probidad y proteja adecuadamente a quienes denuncias faltas ante posibles represalias.

Entender lo contrario significaría desconocer el derecho al descanso reparatorio a servidores que, en los hechos, desempeñaron las mismas funciones de fiscalización en la contención de la pandemia que el personal de las SEREMI de Salud.

No obstante, si la Comisión de Salud institucional concluye que la salud del funcionario es apta para que continúe en servicio, el Director General de la PDI, si así lo estima, podrá declarar la salud incompatible de ese servidor, no obstante que la COMPIN haya antes opinado que su salud es irrecuperable.

El órgano Contralor carece de un control discrecional respecto al plazo de caducidad para examinar y finiquitar una cuenta. En caso contrario se trataría de una obligación meramente potestativa de la Contraloría, afectando con ello el espíritu del artículo 96 de la Ley 10.336.

Consta que la servidora integró la comisión evaluadora de las ofertas que se presentaron para la constitución de la Fundación, no obstante, algunos meses antes se había desempeñado en una de las empresas seleccionadas en ella.

Con la reinterpretación efectuada por el Contralor General de la República a través del dictamen E377735/2023, de 7 de agosto de 2023, se faculta a la Administración para tramitar el pago de mayores gastos generales una vez vencido cada modificatorio, sin la obligación de esperar hasta la conclusión íntegra del proyecto de obra pública.

La máxima autoridad fiscalizadora hizo reparos a las enmiendas presentadas y en cuanto a su desaprobación de las propuestas, fundamentó que “no van en la dirección correcta y no es lo que espera la sociedad chilena respecto de un control administrativo”.