La Contraloría General de la República (CGR) presentó su primer Consolidado de Información Circularizada (CIC), un informe clave que aborda el cumplimiento de la ley de Royalty Minero por parte de los municipios. Este nuevo producto institucional, impulsado por la actual Contralora General Dorothy Pérez, busca fortalecer la transparencia y mantener informada a la ciudadanía.
Todo personal que compone la Administración del Estado está impedido de realizar cualquier actividad política dentro de la Administración, regla que se aplica a autoridades, jefaturas y funcionarios.
El derecho de acompañamiento a personas con TEA hospitalizadas o en sus prestaciones ambulatorias de salud reviste características diversas del derecho a acudir a atender emergencias en sus establecimientos educacionales, porque el primero es un derecho del paciente con TEA y el segundo un derecho del trabajador que es padre, madre o tutor legal del menor con TEA.
Personal que compone la Administración del Estado, está impedido de realizar cualquier actividad política dentro de la Administración, regla que se aplica a autoridades, jefaturas y funcionarios.
DGA tiene la obligación de verificar el cumplimiento de los requisitos para la constitución de derechos de aprovechamiento de aguas -en razón de la protección que debe brindar a las aguas existentes para beneficio de las comunidades indígenas.
Las características de los proyectos a concesionar constituyen un aspecto de mérito que compete ponderar a la Administración conforme a los antecedentes de la situación específica de que se trate y a la normativa aplicable en cada oportunidad.
Aborda aspectos sobre el ejercicio del permiso especial creado por la ley 21.545, que establece la promoción de la inclusión, la atención integral, y la protección de los derechos de las personas con trastorno del espectro autista en el ámbito social, de salud y educación.
No se autorizó a la Dirección del Trabajo eliminar los documentos señalados, aun cuando se encuentren previamente digitalizados, si la Contraloría no ha procedido a revisarlos.
Mediante un instructivo interno, CONADI fijó como requisito adicional a lo previsto en la ley que el inmueble no indígena fuera de una cabida igual o superior al área indígena, exigencia no contemplada en la ley para materializar una permuta.
Las bases que rigieron la licitación reclamada establecieron una forma de evaluación distinta según si los proveedores contaban con los bienes en plaza o debían importarlos.
El martes pasado se retomó la discusión constitucional. Dentro de las comisiones continúa el análisis al anteproyecto, recibiendo observaciones de académicos y, de cuando en cuando, entrando en uno que otro debate un poco más acalorado. Pero todo pasa casi inadvertido. Mientras, la Secretaría de la Participación comienza a tomar un poco mayor de relevancia, […]
