El legislador permite al servidor de menor jerarquía permanecer en el servicio, pero en una unidad en que no se dé una relación jerárquica entre ambos.
El recurrente no puede acusar un dominio de los derechos que importan al cargo al estar nombrado a contrata, además, el cambio de funciones amerita una disminución de sus emolumentos, y finamente, desde su ingreso al servicio el actor ha estado en diferentes grados desde el 14° al 8°, por lo que la decisión no es ajena a la realidad patrimonial del funcionario.
Por aplicación del principio de especialidad, dichos profesionales se encuentran reglados por el Estatuto Docente, por tanto, su contratación no posee el carácter de laboral, y rigen a su respecto las normas del Estatuto especial al momento de finalizar su prestación de servicios.
La Superintendencia de Seguridad Social no renovó la contrata de la reclamante, que acusó que el acto administrativo no estaba debidamente fundado, pues justificó el cese en una mala calificación, pero no acreditó haber cumplido con el procedimiento previo de evaluación, por lo que el Contralor dispuso su reincorporación.
Los dos años anteriores prestó otros servicios a honorarios. Mientras se encuentra pendiente el vínculo produce todos sus efectos, pero a su vencimiento, por el solo ministerio de la ley, se produce la extinción del empleo y los funcionarios que los sirven cesan de inmediato en sus funciones.
En atención a la naturaleza de los cargos de exclusiva confianza, los funcionarios de tal calidad, se mantienen en sus cargos sólo mientras cuenten con ella, dependiendo su remoción de la voluntad de la autoridad administrativa.
El empleo bajo modalidad de contrata tiene carácter transitorio al tenor del artículo 3° del Estatuto Administrativo y de la expresión “mientras sean necesarios sus servicios”, por lo que la autoridad administrativa está facultada para poner término al vínculo antes de la fecha máxima de vigencia.
En dictamen N° E292.786 de 2022 el Contralor autorizó al organismo a contratar sin sujetarse al criterio señalado en el dictamen N° E173.171 de 2022.
Los servidores deben ser notificados con un plazo mínimo de 30 días antes de abandonar sus funciones.
La ausencia de motivos fundados vulnera el artículo 11 de la Ley N°19.880 así como la igualdad ante la ley, transformando el acto administrativo en una decisión caprichosa de la autoridad.
