No se cumplieron los presupuestos del principio de confianza legítima.
La decisión se fundó en el desempeño y conducta negligente del actor.
La actora presta servicios para la recurrida desde el año 2013.
El actuar de las recurridas vulneró el principio de confianza legítima.
La resolución impugnada se emitió en el año 2020.
La resolución no contuvo motivos o razones suficientes que justificaren la decisión.
La resolución impugnada fue contradictoria a los actos previos de la recurrida.
Los motivos satisficieron las exigencias de motivación del acto administrativo.
La resolución se remitió a la evaluación del año anterior.
Por ello, no es procedente que la Dirección del Trabajo dé curso a los requerimientos que al efecto presenten tales funcionarios.
