Sin embargo, el máximo Tribunal no hizo lugar a la demanda de nulidad del despido, al estimar que tal institución no puede ser libremente convalidada por la Administración del Estado.

Ex funcionaria contratada a honorarios por el municipio de Panguipulli para desarrollar actividades en un programa de INDAP, no pudo acreditar que estaba sujeta a los presupuestos del artículo 7 del Código del Trabajo, por lo que la relación con el demandado se desarrolló bajo los parámetros de la contratación civil de la Ley N°18.883.

El principio de la confianza legítima se aplica únicamente para aquellos funcionarios que han sido incorporados a sus labores en calidad a contrata, y luego de dos renovaciones anuales del contrato.

El pronunciamiento judicial sólo constata una situación preexistente, de manera que la obligación de pagar las cotizaciones de seguridad social se encontraba vigente desde que comenzaron a pagarse las remuneraciones por parte del empleador, sea que se les haya dado esa u otra denominación.

El pronunciamiento complementa el Dictamen N°E173171 de 2022, que impartió instrucciones respecto de las contrataciones a honorarios en los órganos de la Administración del Estado.

Los actores desempeñaban funciones propias del quehacer natural y habitual de la universidad, sin que se evidenciara accidentalidad ni especificidad en las mismas.

No se distinguieron elementos distintivos de una relación laboral más allá del cumplimiento de reglas inherentes a la naturaleza del servicio que el demandante prestaba, atendido el contexto de un programa de televisión.

Los prestadores de servicios a honorarios que cuenten con al menos dos renovaciones al 31 de diciembre de 2022, deberán ser traspasados a contrata.

El pronunciamiento reconsidera lo resuelto por la Contraloría Regional de Arica y Parinacota.

El ente contralor no advirtió irregularidad en la decisión adoptada.