Las normas en cuestión pueden obstaculizar la libre circulación de los futbolistas profesionales que desean progresar en su carrera y trabajar para un nuevo club, establecido en el territorio de otro Estado miembro de la Unión. Así, dichas normas suponen que los jugadores y los clubes que deseen ficharlos queden expuestos a riesgos jurídicos importantes.
No obstante, los SLEP no podrán efectuar nuevas contrataciones regidas por el Código del Trabajo.
La requirente alega que la normativa legal objetada infringe la igualdad ante la ley, el derecho a ser juzgado en un plazo razonable y los principios de seguridad jurídica y de proporcionalidad, desde que permite al demandante reclamar cuantiosas sumas de dinero en razón de un procedimiento judicial que se ha mantenido artificialmente vigente durante años, acudiendo a una ficción jurídica que le permite cobrar por trabajos no realizados, lo que conduce a un enriquecimiento ilícito y sin causa.
El juez descartó actuar arbitrario en el proceso sancionatorio abierto por la Inspección Comunal del Trabajo de Loncoche.
La existencia de umbrales idénticos de activación de la retribución complementaria representa, para los pilotos a tiempo parcial, un tiempo de actividad de vuelo superior al de los pilotos a tiempo completo en relación con su tiempo de trabajo total. Por lo tanto, los pilotos a tiempo parcial tienen una carga de trabajo mucho mayor y cumplen con mucha menor frecuencia los requisitos para tener derecho a una retribución complementaria que sus compañeros que trabajan a tiempo completo.
No se consideró el origen de la licencia médica, y que la actora, al momento del despido, ya se encontraba de alta, reintegrada en sus funciones, por lo que no se dan razones para considerar su condición de salud incompatible con su función docente.
El profesional era el encargado del Centro Veterinario Municipal y ejercía labores en beneficio de la comunidad; y al existir subordinación y dependencia en los términos establecidos en los artículos 7 y 8 del Código del Trabajo el vínculo entre las partes, que se prolongó por más de siete años, escapa a la contratación civil.
Los choferes que prestan servicios en la plataforma actúan libremente de acuerdo a su disponibilidad, pudiendo negarse a realizar viajes, sin recibir sanción por ello, sin cumplir jornada, recibiendo un pago fijo del pasajero o a través de la aplicación, lo cual no se condice con un contrato de trabajo.
En este orden de ideas, puedo afirmar que a partir de la sanción del Convenio OIT 190 estamos frente a un nuevo concepto de acoso y violencia laboral de fuente supralegal que viene a ampliar el concepto que hasta el presente ha sido delineado a través de aportes tanto normativos de rango inferior como esbozos doctrinarios y precedentes jurisprudenciales que deberán adecuarse o reinterpretarse.
Para tener por acreditada la existencia de un vínculo de naturaleza laboral, se requiere la triple subordinación: técnica, económica y jurídica. Sin perjuicio de señalar que, en este tipo de relaciones (profesionales que prestan servicios a terceros) la subordinación técnica puede considerarse diluida y hasta inexistente.
Lo anterior tiene respaldo jurídico en su Dictamen N°110/11 del 2004 y Ordinario N°0926/2014, como en el Dictamen N° 39.353/2004 de la Contraloría. Sin perjuicio de ello, aclaró nuevamente aspectos de la Ley 21.436 (que promueve la igualdad en la conformación de los planteles femeninos y masculinos).
