Ambos servicios podrán celebrar convenios para establecer los procedimientos técnicos y modalidades que le permitan al Registro Civil acceder a las solicitudes de información, con el objeto de verificar y evitar la inscripción de armas por personas que se encuentren en el Registro de Condenas o de Sanciones por violencia intrafamiliar.
El juez señaló que las leyes de verificación de antecedentes de municiones violan el derecho de los ciudadanos a la Segunda Enmienda, que consagra el derecho a poseer armas. Expresó que el enfoque original propuesto por los votantes, un permiso de compra de municiones de 4 años y $50, habría sido constitucionalmente más razonable que el sistema actual.
El banco de pruebas de la institución castrense emitió dos oficios que sirvieron de base para dictar la resolución impugnada, que busca limitar la venta libre de accesorios de mejoramiento de puntería como miras telescópicas, de láser, y de punto fijo, imponiendo un mayor control en la adquisición de estos accesorios para armas de fuego.
Autoridad fiscalizadora de Carabineros de Chile cumple con su obligación al disponer del personal necesario para dar atención al público en un horario no inferior a 5 horas diarias durante los días hábiles.
La ley impugnada afecta los derechos de los consumidores y la protección de los niños y adolescentes. La Constitución Federal establece que es competencia concurrente de la Unión, los Estados y el Distrito Federal legislar sobre la protección de la niñez y la juventud.
La nueva normativa está inspirada en la ley de aborto de Texas, que ha sido criticada en numerosas ocasiones por las autoridades californianas. Ambas legislaciones permiten a los particulares demandar civilmente a sus transgresores.
El máximo Tribunal considera que tal acto no vulnera el debido proceso, pues la pericia fue solicitada con anterioridad a la comunicación de cierre de la investigación, hecho conocido por la defensa al declarar que haría suya toda la prueba de la fiscalía durante el juicio.
Recurrente objetó la negativa de la DGMN a cursar su petición de inscripción respecto de cuatro armas de fuego, en circunstancias que mantiene vigente una investigación por tenencia ilegal respecto de las mismas.
La propuesta, en sus pasos finales en el Congreso Nacional, define las armas y elementos relacionados prohibidos en su tenencia o respecto de las cuales se requerirá autorización por parte de la Dirección General de Movilización Nacional. Asimismo, se regulan las vías de fiscalización y materias relacionadas a la identificación de balística automatizada.
Es la primera vez en más de una década que la Corte Suprema elige pronunciarse sobre la Segunda Enmienda.
Estos fueron algunos de los principales puntos aprobados por las comisiones especializadas en el estudio del articulado que ahora deberá ser analizado desde el punto de vista presupuestario.
