el TC también subraya que entender a la lucha contra la corrupción como un principio del Estado Constitucional no solo es acorde con los mandatos contenidos en la Constitución, sino que también se inspira en las obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano,
El requirente alega que se le priva de su derecho a la acción penal sin un control judicial previo, vulnerando su garantía al debido proceso.
Decisión sancionatoria no cuenta con la densidad de fundamentos necesaria, haciendo que el acto sea arbitrario y carente de criterios que permitan ponderar la gravedad de hechos y la respuesta punitiva correspondiente.
Se estima que la imposibilidad de apelar en estos casos afectaría tanto el debido proceso, como la igualdad ante la ley, y el debido ejercicio de la facultad conservadora contenida en el artículo 76 de la Constitución.
