«[…] es necesario rechazar el uso de la fuerza, puesto que otros Estados, ante la falta de diálogo e indeterminación de los tratados internacionales en materia de asilo político, podrían infringir principios fundamentales del derecho internacional, como la inviolabilidad de las embajadas y sedes diplomáticas».
Convención Americana sobre Derechos Humanos
Bebé recién nacido debe ser vacunado a pesar de la oposición de sus padres, resuelve un tribunal argentino.
Un análisis crítico de la ley 32107: ¿Un avance hacia la reconciliación o un retroceso en los derechos humanos?, por por Rosmery Pinares y Daniela Mondragón.
Contexto de las amnistías en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y en el Derecho Penal Internacional, por Javier Dondé Matute.
El deber del Estado peruano con la obligación de garantía de los derechos humanos y la ley que regula los alcances de lesa humanidad, por Fernando Salcedo.
Es evidente que esta ley colisiona con los Derechos Humanos, se va en contra de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fuente del Derecho Internacional Público y decisión de cumplimiento obligatorio para el Estado Parte condenado; pero también atenta directamente con la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad.
Amnistía Internacional presenta escrito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre emergencia climática y derechos humanos.
A fin de aportar consideraciones jurídicas sobre derechos humanos y cambio climático frente a la solicitud de opinión consultiva presentada por Chile y Colombia.
Perú no es responsable por la destitución de un juez a través de un proceso disciplinario, resuelve la Corte IDH.
La dignidad del cargo y mantener la integridad judicial no solo es esencial para el desempeño de las funciones judiciales, sino que es piedra angular de los sistemas judiciales y requisito necesario para la vigencia del Estado de Derecho, del derecho a un juicio justo y de la confianza en el poder judicial.
Derecho a ser juzgado en un plazo razonable se vulnera si el juicio se prolonga por años por causa no atribuible al imputado ni a la complejidad del caso, resuelve Corte Suprema de Argentina.
La duración razonable tanto de la prisión preventiva como la del proceso penal están amparadas normativamente; así, la Convención Americana sobre Derechos Humanos lo hace en sus artículos 7.5 y 8.1, respectivamente.
Sanción administrativa impuesta a reo que sustrajo seis cebollas de la cocina de la unidad penal es improcedente. No se respetó el derecho del interno a ser oído, resuelve la Corte de Talca.
Desde el inicio del procedimiento disciplinario existe un vicio que invalida todo el actuar y las sanciones impuestas, afectándose de igual manera entonces la libertad del amparado en la condición de amenaza.
Tribunal Constitucional rechazó inaplicabilidad de norma que permite condenar como consumado delito de robo con intimidación en grado de frustrado.
El voto del Presidente no dirime un empate en estos casos.
Requerimiento de inaplicabilidad de norma que autoriza el apremio de arresto por no pago de deudas previsionales, se declara inadmisible por el Tribunal Constitucional.
El requirente alegó que la detención por deudas no está permitida en nuestro ordenamiento jurídico y vulnera garantías constitucionales.
Causales de pérdida de la nacionalidad deben tener un carácter constitucional taxativo, proponen los Convencionales Constituyentes.
A fin de que ni el legislador ni menos una autoridad administrativa pueda determinar otros motivos por los cuales podrá perderse la nacionalidad.
El juzgamiento en un plazo razonable, una garantía esencial del debido proceso.
La duración excesiva del proceso en beneficio y provecho de los justiciables ha sido considerada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.