La cuestión que aquí se analiza versa sobre aspectos fundamentales del derecho a la salud, con reconocimiento explícito y raigambre constitucional a partir de la incorporación en 1994 de tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Debemos considerar que el impacto de la Ley 32107 en las víctimas de crímenes de lesa humanidad y sus familias es devastador. La prescripción de estos delitos, que son imprescriptibles según el derecho internacional, no solo representa una denegación de justicia sino que también agrava el sufrimiento de quienes han luchado durante décadas para que sus voces sean escuchadas.
Ha sido ampliamente documentado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos rechaza las amnistías. Esto deriva de la obligación de garantizar los derechos humanos en el ámbito nacional. La Corte ha señalado, con base en su interpretación de los artículos 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto significa que, con base en un criterio de prevención general, se busca que todas las violaciones graves a derechos humanos sean sancionadas por los tribunales nacionales.
Es evidente que esta ley colisiona con los Derechos Humanos, se va en contra de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fuente del Derecho Internacional Público y decisión de cumplimiento obligatorio para el Estado Parte condenado; pero también atenta directamente con la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad.
A fin de aportar consideraciones jurídicas sobre derechos humanos y cambio climático frente a la solicitud de opinión consultiva presentada por Chile y Colombia.
La dignidad del cargo y mantener la integridad judicial no solo es esencial para el desempeño de las funciones judiciales, sino que es piedra angular de los sistemas judiciales y requisito necesario para la vigencia del Estado de Derecho, del derecho a un juicio justo y de la confianza en el poder judicial.
La duración razonable tanto de la prisión preventiva como la del proceso penal están amparadas normativamente; así, la Convención Americana sobre Derechos Humanos lo hace en sus artículos 7.5 y 8.1, respectivamente.
Desde el inicio del procedimiento disciplinario existe un vicio que invalida todo el actuar y las sanciones impuestas, afectándose de igual manera entonces la libertad del amparado en la condición de amenaza.
El voto del Presidente no dirime un empate en estos casos.
El requirente alegó que la detención por deudas no está permitida en nuestro ordenamiento jurídico y vulnera garantías constitucionales.
A fin de que ni el legislador ni menos una autoridad administrativa pueda determinar otros motivos por los cuales podrá perderse la nacionalidad.
