Pleno de la Convención finaliza debates sobre reglamento y anuncia lo que viene.
El viernes se revisaron las propuestas normativas de Participación y Consulta Indígena, Derechos Humanos y Participación Popular.
El viernes se revisaron las propuestas normativas de Participación y Consulta Indígena, Derechos Humanos y Participación Popular.
La Mesa distribuida en diversas ciudades del país dio cuenta del trabajo durante agosto.
La presidenta del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente, y el Director General de la institución, David Ibaceta, entregaron detalles del acuerdo de cooperación y colaboración firmado a fines de julio y explicaron alguna materias relacionadas con la Ley de Transparencia para que las y los constituyentes puedan informarse sobre sus obligaciones actuales y evaluar posibles mecanismos de transparencia y acceso a la información, ratificando el compromiso de la entidad con este proceso único en el país.
Transversalmente, senadores instaron al Ejecutivo a disponer los recursos necesarios para este fin.
Tras las presentaciones de los diversos patrocinios establecidos, se procedió a confirmar la integración de las 7 vicepresidencias que acompañarán a la Mesa compuesta por Elisa Loncon y Jaime Bassa.
Durante la jornada de martes y miércoles se constituyeron las comisiones de Participación y Consulta Indígena, Derechos Humanos, Participación Popular y Equidad Territorial, Descentralización y Comunicaciones.
La norma establece que la integración de la mesa será paritaria, con escaños reservados para los pueblos originarios y con mecanismos de revocación y rotación de cargos.
Esta semana la Convención Constitucional continuó trabajando en la adopción de sus normas de funcionamiento y organización interna.
El protocolo incorpora la realización de 2 test PCR semanal, medida discutida por los convencionales y aprobada por 78 votos a favor, 56 en contra y 8 abstenciones.
La idea planteada en la resolución es que la señal 2 de Televisión Nacional transmita, diaria e íntegramente, las sesiones de la Convención Constitucional, con el fin de garantizar el derecho de acceso a la información pública de la ciudadanía.