Como regla general, las decisiones sobre educación, religión y salud de un niño corresponden a sus padres, pero existen casos excepcionales en que la potestad parental intenta imponer sus propias creencias poniendo en riesgo la salud del niño, como en este caso, actuando en contra de su interés superior.
Si bien en estas causas el grado de formalidad que se debe observar puede resultar morigerado en comparación con una causa contenciosa, atendida la especial naturaleza del procedimiento y la protección que busca respecto de niños, niñas y adolescentes, la sentencia debe expresar las motivaciones de hecho y de derecho para arribar a la decisión.
La coordinación deberá ser remitida a la residencia encargada de acoger al joven, a fin de precaver los riesgos para su personal y demás residentes.
La Corte ordenó remitir los antecedentes al Juzgado de Familia de la ciudad a objeto de constatar que no exista otro tipo de vulneración de derechos de la recién nacida, toda vez que la negativa a administrar las vacunas, daría cuenta que la madre no tiene conciencia de los deberes parentales.
El ingreso de los niños a un centro residencial es una medida que, en virtud de su intensidad y gravedad, debe considerarse sólo cuando el resto de las medidas proteccionales son insuficientes debido al impacto que aquello produce en el grupo familiar.
La niña tenía 8 años cuando se inició el procedimiento, por lo que correspondía darle la oportunidad de expresarse, en una forma acorde a su edad y madurez, de manera que la decisión también considerara sus sentimientos, deseos o temores respecto a la forma de resolver la cuestión sometida a decisión del tribunal.
Los padres han realizado conductas que constituyen un actuar ilegal y arbitrario que implica una afectación de la garantía constitucional del artículo 19 N°1 de la Constitución y de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Si bien la madre puede haber tomado la decisión denegatoria pensando en el interés superior de su hijo, nada puede ser más contrario a ello que adoptar una postura que pueda redundar exactamente en todo lo opuesto, esto es, en la muerte del niño.
El artículo 9, N°4, de la Convención de los Derechos del Niño, dispone las medidas que deben adoptar los Estados en caso de expulsión o separación de los padres, pero esto no impide la adopción de esta medida cuando se encuentra justificada.
El ingreso de los niños a un centro residencial es una medida que, en virtud de su intensidad y gravedad, debe considerarse sólo cuando el resto de las medidas proteccionales son insuficientes.
En ejercicio de su potestad cautelar, el Tribunal de Familia deberá adoptar las medidas necesarias para la atención integral de la adolescente, debiendo citar al curador ad litem y al representante del Servicio Nacional de Protección a la Niñez y Adolescencia, ordena el máximo Tribunal.
