Si bien la niña tiene derecho a generar lazos con su madre y ésta a compartir tiempo con su hija, tales derechos deben ser analizados a la luz del interés superior del niño, el cual es un instrumento jurídico que tiende a asegurar el bienestar del niño en el plano físico, psíquico y social.

Conforme lo establecido en la Convención de Derechos del Niño, el Estado debe obligarse a garantizar con absoluta prioridad el ejercicio de los derechos de los niños y adolescentes con una tutela judicial efectiva en tiempo útil, más aun cuando la normativa vigente habilita al juez a imponer al alimentante incumplidor medidas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia dictada.

No pueden los órganos judiciales imponer un régimen de comunicación cuando ello va en detrimento de la salud en el sentido integral de los niños involucrados.

La opinión del joven debe valorarse de conformidad al principio de autonomía progresiva, toda vez que ejerce por sí mismo sus derechos a medida que desarrolla un mayor nivel de autonomía personal.

La sentencia impugnada cuestionó los deseos expresados por la niña, sin respetar el derecho a ser oída y el principio de autonomía progresiva, transgrediendo la Convención de los Derechos del Niño, Niña y/o Adolescente.

El derecho al agua es una garantía fundamental protegida en múltiples Tratados Internacionales de Derecho Humanos.

Lo anterior permite garantizar su interés superior, atendido que con él se encuentran en un ambiente protegido, con arraigo familiar.

El aborto libre y voluntario hasta la semana catorce no hace más que alterar y modificar por una ley local el precepto convencional del art. 4.1 del Pacto de San José (parte de nuestra CN por vía del art. 75 inc. 22).