En el caso presentado por Sudáfrica, titulado Aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza (Sudáfrica contra Israel), se alega que Israel ha incumplido sus obligaciones en virtud de la Convención sobre el genocidio, en relación con la población palestina en Gaza.
Se decide que la declaración de intervención conforme al Artículo 63 del Estatuto presentada conjuntamente por Canadá, el Reino de Dinamarca, la República Francesa, la República Federal de Alemania, el Reino de los Países Bajos, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República de Maldivas es admisible.
La Comisión ha instado a ambas partes a cesar las hostilidades y a priorizar la salud y el bienestar de los civiles. Sin embargo, tras la publicación del informe, los diplomáticos israelíes han acusado a la Comisión de llevar a cabo una «discriminación antiisraelí sistemática».
El fiscal Khan ha declarado que, a partir del 8 de octubre, Israel implementó un «asedio total» sobre Gaza, restringiendo el flujo de bienes esenciales para la supervivencia humana. Se alega que este bloqueo fue utilizado como método de guerra.
La ONU ha expresado su preocupación y ha instado a Israel a detener su operación militar en Rafah, destacando que estas acciones podrían contravenir las medidas provisionales vinculantes impuestas por la CIJ en forma previa. Su Secretario General, Antonio Guterres, ha advertido sobre el riesgo de un desastre humanitario y ha llamado a un alto al fuego inmediato en Gaza.
El Gobierno de Colombia presenta la presente Declaración de Intervención con la creencia genuina de que los Estados partes en la Convención sobre Genocidio deben hacer todo lo que esté a su alcance para contribuir a asegurar la prevención, represión y castigo del genocidio.
“Israel reafirma su compromiso de actuar de conformidad con sus obligaciones en virtud del derecho internacional, incluidas las prescritas por la Convención sobre el Genocidio, el derecho internacional humanitario y las reflejadas en la Orden de la Corte de 26 de enero de 2024, en medio de un conflicto armado precipitado por el ataque y las atrocidades cometidas por Hamás y grupos asociados en su territorio”.
Solicitan que se dicte una orden judicial que invalide la emisión de permisos de exportación de componentes y tecnologías militares destinadas a Israel, aduciendo que estas exportaciones plantean un riesgo sustancial de violaciones graves del derecho internacional humanitario y actos de violencia contra mujeres y niños.
El juez Antonio Cançado Trindade fue a menudo criticado por el formalismo jurídico a causa de su elasticidad interpretativa cuando el derecho positivo no respondía a los más “elementales dictados de la conciencia pública”.
