Se trata de la decisión un órgano de la administración del Estado, cuyas consecuencias por su potencial económico inciden en las posibilidades de desarrollo de las comunidades indígenas asentadas en el área perteneciente a un proyecto de explotación minera.

No puede concluirse que actualmente, en la etapa en la que se encuentra el proyecto, exista una obligación que haya sido incumplida por la Administración del Estado, pues la obligación de consulta indígena previa no se ha configurado aún.

Denuncian transgresión del derecho internacional indígena, en particular del Convenio 169 de la OIT, en virtud del cual el Estado tiene el deber de adoptar las medias especiales que se precisen para salvaguardar los intereses de los pueblos originarios, siempre en consideración de los deseos que éstos expresen libremente.

Autoridades tradicionales y dirigentes de comunidades rurales del pueblo Mapuche accionaron contra el Presidente de la República y el Ministro del Interior.

El máximo Tribunal estableció el actuar arbitrario e ilegal de las entidades públicas al decidir que no procede la consulta indígena por, en su opinión, no existir afectación a las comunidades que habitan y utilizan espacios ceremoniales y culturales en zonas que serán intervenidas.