Determinó que las disposiciones violaban el artículo 14 del Convenio, en conjunción con el artículo 8, que protege el derecho a la privacidad y a la vida familiar. El artículo 14 establece que los derechos deben garantizarse sin discriminación por motivos de sexo, raza, color, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, asociación con una minoría nacional, propiedad, nacimiento o cualquier otra condición.