Una cosa es que los demás comuneros hayan tolerado por largo tiempo que ese espacio común se emplee de uno u otro modo, y otra bien distinta que, por esa tolerancia, el apelado esté facultado para cerrar el acceso al elemento común e impedir de cualquier modo su empleo por los demás.
Se trata de una iniciativa suscrita transversalmente por los integrantes de esa instancia y que surge porque la ley original no previó adecuadamente el tránsito entre ambas leyes.
Los hechos denunciados deben ser discutidos y probados en un juicio de lato conocimiento, lo que se contrapone con la naturaleza cautelar de la acción de protección.
No existe ilegalidad ni arbitrariedad en el actuar de la recurrida, ya que ha obrado en conformidad a las facultades que le otorga el Reglamento de Copropiedad.
Los integrantes de la Comisión de Vivienda formarán parte de la instancia que deberá consensuar materias como el rol del ministro de fe, la contabilidad correspondiente y la subordinación del administrador al Comité de Administración.
La iniciativa pasó para su estudio a la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado.
Entre los puntos que deberían consensuarse está la aplicación del texto a parcelas de agrado. Asimismo, deberá zanjarse la contratación de los seguros de incendio y la posibilidad de regular el arriendo temporal a través de plataformas digitales.
El requirente estima que la disposición impugnada afecta la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.
La decisión fue acordada con el voto en contra del Ministro García y de la Ministra Silva, quienes estuvieron por declarar la inadmisibilidad del requerimiento en virtud del artículo 84 N° 5 de la LOCTC.
La Corte de Apelaciones de Santiago indicó en su sentencia que la Comunidad requerida no incurrió en ilegalidad ni arbitrariedad alguna.
La Corte Suprema indicó que, legítimo derecho a desarrollar cualquiera actividad económica, invocada en el recurso, fue vulnerado por la actuación ilegal de la recurrida.
