Los afectados señalan que, pese a sus reclamos ante el municipio y en policía local, el conflicto continúa afectando gravemente su calidad de vida y convivencia en el barrio, agravado por la sensación de inseguridad y falta de respuesta de las autoridades competentes.
La tenencia de animales domésticos puede ser permitida, siempre y cuando ello se encuentre habilitado previo acuerdo con la junta de propietarios. En el supuesto que se reconozca esta posibilidad, debe, también, regularse un apartado sobre las medidas indispensables para prevenir y reparar la vulneración de los derechos de terceros que puedan verse perjudicados respecto de posibles agresiones.
No se puede imputar ninguna falta de diligencia en una persona, que como la lesionada usa un elemento comunitario, con socorrista, abierto, sin restricción alguna y funcionando con normalidad, que además no contaba con una mínima señalización que advirtiera del concreto riesgo, no pudiendo considerarse tampoco como un «riesgo general de la vida», ni de competencia de la víctima.
Existe una negligente disposición del cambio de nivel entre la calle y el portal que constituye un obstáculo que excede de la normalidad y de los riesgos generales por no tener carácter previsible para la víctima. No apreciamos conducta negligente o descuidada por parte del demandante que permita realizar una compensación de culpas con el efecto de minorar la indemnización a percibir.
Si son cosas necesariamente comunes, el responsable de su mantenimiento y reparación es siempre la comunidad. Esta debe adoptar todas las medidas necesarias y convenientes para evitar el agravamiento y/o producción de daños, de manera que el propietario sólo respondería en la medida en que hubiese impedido la reparación.
Tratándose de cosas necesariamente comunes, el responsable de su mantenimiento y reparación es siempre la Comunidad, la que debe realizar todas las medidas necesarias y convenientes para evitar el agravamiento y/o producción de daños de manera que el propietario sólo responda en la medida en que hubiese impedido la reparación, lo cual no ocurrió.
La jurisprudencia ha establecido, como lo ha puesto de manifiesto el a quo, que los copropietarios pueden, por propia voluntad, establecer en sus Estatutos una serie de limitaciones a sus facultades de disposición y, por ello, que afecten a sus derechos de propiedad, cuando el interés de la comunidad lo haga aconsejable y así lo estimen conveniente.
Los gobiernos regionales, las municipalidades y los servicios de vivienda y urbanización respectivos podrán designar, por una sola vez, a una persona que actuará provisionalmente como administrador. Debe ser un mayor de edad y no es necesario que esté inscrito en el Registro Nacional de Administradores de Condominios.
La Sala otorgó su respaldo unánime a una moción de senadores y senadoras integrantes de la Comisión de Vivienda y que apunta a resolver diversos problemas prácticos que se relevaron tras la entrada en vigencia de la Ley N° 21.442, conocida como nueva Ley de Copropiedad Inmobiliaria.
En el ámbito de la propiedad horizontal las prohibiciones al derecho de dominio deben ser restrictivas y expresas, y para ser aprobadas se requiere el voto unánime de las partes.
Atendida la naturaleza de los argumentos que motivan el acto que se objeta, el legislador ha dispuesto expresamente procedimientos legales de lato conocimiento destinados a esclarecerlos, los que no pueden ser sustituidos por la acción constitucional de protección.
