El expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy, comenzó el 6 de enero su juicio por corrupción, financiación ilegal y conspiración, relacionado con presuntos fondos provenientes del régimen de Muammar al Gaddafi para su campaña presidencial de 2007.
El que fuera inquilino del Elíseo entre 2007 y 2012 deberá llevar un brazalete electrónico durante un año, lo que le convierte en el primer expresidente francés obligado a cumplir una condena de arresto, aunque sea domiciliario.
¿Lo que faltó analizar desvirtúa todo lo demás razonado y argumentado por la sentencia? No lo sabemos, y es ese justo el problema, porque el tribunal no expresó razones en dicho sentido, más allá de lo escuetos argumentos de referencia que otorga cuando menciona a la deponente.
El reciente caso del juez Óscar Meriño, de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, acusado de cohecho y nombramiento irregular de peritos, destapa una preocupante realidad en el sistema judicial chileno: la vulnerabilidad del peritaje judicial frente a la corrupción. Este artículo analiza las implicancias de este caso, poniendo énfasis en la responsabilidad ética y legal de los peritos involucrados y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control para garantizar la transparencia y la probidad en la administración de justicia.
El procedimiento penal, en su conjunto, brindó al demandante las garantías adecuadas para ejercer sus derechos de defensa. Aunque tuvo en cuenta el posible peso de las pruebas obtenidas o proporcionadas por los periodistas —en particular las grabaciones— y las dificultades que su uso podría haber creado para la defensa, se observa que el demandante pudo presentar sus argumentos ante los tribunales nacionales.
La decisión de mantener la prisión preventiva se encuentra debidamente fundada en consideración a los delitos que se imputan a la recurrente, y a la pena asignada a los mismos.
El informe del GRECO sigue la línea del informe anual de la Comisión Europea sobre el Estado de derecho, publicado recientemente, que había señalado preocupaciones sobre el deterioro del Estado de derecho en varios Estados miembros de la Unión Europea, incluyendo Italia.
El Ejecutivo refiere que existe un vacío para someter a la jurisdicción de los tribunales chilenos el juzgamiento del delito de cohecho a funcionarios públicos extranjeros por los que pudiera responder una persona jurídica constituida o domiciliada en Chile, cuando este haya sido cometido fuera del territorio.
La ciudadanía exige una actitud resuelta, por parte de las diversas instituciones del Estado, entre ellas el Poder Legislativo, para consolidar altos estándares que forjen una mejor prevención ante eventuales actos de corrupción.
Se busca impedir que presenten candidaturas en las siguientes elecciones los partidos políticos que apoyen candidatos que posteriormente sean condenados durante el ejercicio de su cargo.
La iniciativa busca contar con mecanismos, incentivos y sanciones adecuadas para asegurar el desempeño honesto, leal e imparcial en el ejercicio de la función pública y respecto al eje enfocado en el sector privado, tiene como uno de sus propósitos fortalecer el marco normativo de integridad.
