Esta propuesta podría contribuir significativamente a mejorar la probidad y la eficacia del Estado y sus instituciones en la protección del interés público y en el funcionamiento de la democracia como sistema político, al asegurar que la justicia pueda actuar independientemente del tiempo que haya transcurrido desde la comisión del delito.

¿Corrupción en la administración de justicia? ¿Cómo está Latinoamérica? ¿Cuáles son las causas y qué hacer?

El presente artículo corresponde a una reflexión personal por parte del autor de como el combate a la corrupción se ha ido dejando de lado, descansando principalmente en la persecución penal de la misma, sin llevar a cabo políticas que la desincentiven o que logren prevenirla.

Al existir una investigación criminal en curso, no se vislumbra como arbitraria o ilegal la actuación del ente persecutor y la policía, debido a que no se puede devolver el teléfono móvil al actor en razón de la complejidad de la investigación y las pericias pendientes.

Violó los derechos a la libertad de pensamiento y de expresión, a la libertad personal a no ser sometido a detención arbitraria y a recurrir ante un juez sobre la legalidad de su detención. Además, estableció que se violó a Viteri el derecho a la estabilidad laboral y concluyó que a su familia se le violaron diversos derechos.

Esta herramienta busca evitar las malas prácticas y la corrupción entre los funcionarios. La Escuela de Gobierno de la Universidad Católica asesorará a la Corporación en este proceso.

Además de la pena asignada al delito en cuestión, se privará al inculpado de todos los cargos, empleos, oficios y profesiones ejercidos en organizaciones deportivas y con incapacidad perpetua para cargos, empleos y profesiones en organizaciones deportivas.

Durante una década perpetró ilícitos, sin que la alta autoridad que ostentaba y la confianza ciudadana otorgada por sus electores fuera capaz de frenar su actuar delictual, y al contrario, hizo aprovechamiento de ellas precisamente para defraudar patrimonialmente las arcas fiscales.

La Corte de San Miguel rechazó el recurso de amparo interpuesto en contra de los integrantes de la Tercera Sala de la Corte de Santiago que confirmaron la decisión de mantener la prisión preventiva decretada por el Séptimo Juzgado de Garantía de la capital, por considerar que la libertad del amparado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

La ley establece un nuevo procedimiento de selección que confiere facultades a los expertos internacionales para juzgar la integridad y competencia de los candidatos al Tribunal.