Según relata Heródoto, historiador y geógrafo griego, tradicionalmente considerado como el padre de la historia en el mundo occidental, el juez Sisamnes aceptó un soborno en un juicio y dictó una sentencia injusta.
La sanción administrativa es independiente de la responsabilidad civil y penal, por lo que se deja sin efecto el Decreto Alcaldicio de la Municipalidad de San Ignacio que desvinculó al funcionario por falta grave a la probidad.
El pronunciamiento recuerda las normas que aplican a los conflictos de interés entre funcionarios públicos y personas o empresas proveedoras del Estado, las inhabilidades para contratar, la Gestión de Contratos y los manuales de procedimiento.
La Comisión ha publicado su cuarto Informe anual sobre el Estado de Derecho, que toma el pulso de la situación del Estado de Derecho en cada Estado miembro.
Establece normas para proteger al denunciante de hechos, faltas administrativas y delitos, a fin de resguardar la probidad administrativa.
En ningún caso las manifestaciones que efectuó en un artículo que publicó en la página web de la federación de republicanos podrían estar amparados por el ejercicio del derecho a la libertad de expresión por el carácter irrespetuoso o desmedido de las mismas, refiere el voto en contra.
En la audiencia de formalización, el magistrado Víctor Sanhueza Bravo ordenó el ingreso de Lizana Retamal, Rivera Tudela y Segovia Marín al Centro Penitenciario de Alto Hospicio por considerar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, fijó en 150 días el plazo de investigación.
La autoridad habría recibido millonarios pagos de un empresario ucraniano residente en Francia, que buscaba obtener un resultado favorable en un litigio judicial. Las investigaciones siguen en curso, pues se sospecha que el caso esconde un intrincado esquema de corrupción.
También se refiere a la forma de proceder de las Contralorías Regionales en los casos de falta de probidad administrativa que conozcan -que eventualmente pueden ser calificados como ilícitos penales-.
Ni la normativa internacional ni local ha definido cuánto tiempo es el razonable para, una vez recibida noticia del delito por la autoridad estatal encargada de su persecución, concluir su investigación y realizar el juzgamiento de los responsables hasta dictar sentencia de término. El máximo Tribunal estimó que, por la complejidad de los hechos acusados, se debe invertir mayor tiempo del habitual en esta investigación.
