El «flagelo de la corrupción» rebajó a Brasil del puesto 69 en la lucha contra la corrupción al 105, especialmente después de que salieron a la luz todos estos minuciosos detalles de la Operación Lava Jato.

Lo que busca la ley es fortalecer la capacidad de supervisión, fiscalización y sanción de la administración electoral, y así evitar que el dinero sucio proveniente del narcotráfico u otras actividades criminales terminen financiando a los partidos políticos, sobre todo en el marco de un proceso electoral como el de nuestro bicentenario.