El artículo 442 de la Constitución define que la reforma parcial que no suponga una restricción en los derechos y garantías constitucionales tendrá lugar por iniciativa del Presidente o solicitud de la ciudadanía. En el segundo caso, el respaldo deberá ser de mínimo el 1% de ciudadanos inscritos en el registro electoral.
El alto tribunal señaló a las entidades de salud que deben presentar un informe riguroso para determinar si un procedimiento es de embellecimiento o es para restaurar cierta parte del cuerpo.
La Comisión experta votó y despachó el capítulo sobre la Corte Constitucional. En este acápite destaca la autonomía del organismo, su nueva composición, sus atribuciones y la eliminación del control preventivo sustantivo.
Por Maite Palacios.
El tratamiento inadecuado de aguas servidas, en zonas residenciales, vulnera los derechos a la salud, a una vivienda digna, a la integridad física, a la intimidad y a la vida.
La asistencia jurídica de los letrados es necesaria para asegurar la calidad y eficacia de la acción judicial, y para garantizar la igualdad en el acceso a la justicia de los sectores menos favorecidos. La tutela judicial efectiva no es un derecho absoluto.
Se constató que una medida cautelar se resolvió en el marco de un recurso inexistente en el ordenamiento jurídico, lo que es contrario a su naturaleza ágil y temporal.
La excepción de veracidad permite que terceros puedan denunciar delitos sexuales y contra la libertad sin incurrir en responsabilidad penal por injurias y calumnias.
El recurrente solicitó la exclusión de un Magistrado al considerar que la actuación del mismo Juez en una causa anterior por perjurio vulneró las garantías del debido proceso.
Desde un punto de vista conceptual, conviene mantener separada la justicia ordinaria de la jurisdicción constitucional. La experiencia muestra que el ejercicio de la facultad de la Corte Suprema para conocer la acción de inaplicabilidad fue deficiente.
La sentencia del Tribunal Constitucional sostuvo que los tribunales inferiores que aplicaron las penas previamente descritas no vulneraron el principio de legalidad penal, al entender que la providencia dictada por la Magistratura Constitucional posee la naturaleza propia de una “resolución judicial”, la cual tiene carácter ejecutivo.
La presunción de inocencia no es una garantía absoluta cuando está de por medio la protección de un niño que ha sido víctima de un presunto abuso sexual.
