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El alto tribunal señaló a las entidades de salud que deben presentar un informe riguroso para determinar si un procedimiento es de embellecimiento o es para restaurar cierta parte del cuerpo.
El alto tribunal señaló a las entidades de salud que deben presentar un informe riguroso para determinar si un procedimiento es de embellecimiento o es para restaurar cierta parte del cuerpo.
Se constató que una medida cautelar se resolvió en el marco de un recurso inexistente en el ordenamiento jurídico, lo que es contrario a su naturaleza ágil y temporal.
La excepción de veracidad permite que terceros puedan denunciar delitos sexuales y contra la libertad sin incurrir en responsabilidad penal por injurias y calumnias.
El recurrente solicitó la exclusión de un Magistrado al considerar que la actuación del mismo Juez en una causa anterior por perjurio vulneró las garantías del debido proceso.
Desde un punto de vista conceptual, conviene mantener separada la justicia ordinaria de la jurisdicción constitucional. La experiencia muestra que el ejercicio de la facultad de la Corte Suprema para conocer la acción de inaplicabilidad fue deficiente.
La sentencia del Tribunal Constitucional sostuvo que los tribunales inferiores que aplicaron las penas previamente descritas no vulneraron el principio de legalidad penal, al entender que la providencia dictada por la Magistratura Constitucional posee la naturaleza propia de una “resolución judicial”, la cual tiene carácter ejecutivo.
La presunción de inocencia no es una garantía absoluta cuando está de por medio la protección de un niño que ha sido víctima de un presunto abuso sexual.
Las mujeres, periodistas y usuarios de redes sociales no están obligados a esperar a que se produzca un fallo judicial para informar la ocurrencia de hechos delictivos.
Las mujeres se encuentran en un plano jurídico de igualdad, con independencia de la naturaleza de su vínculo relacional.
En un Estado social y democrático, la administración tiene el deber de motivar sus actos, aun cuando estos correspondan a una facultad discrecional
En la ejecución de las condenas impuestas a los miembros del crimen organizado deben respetarse los principios constitucionales.