Los preceptos impugnados son respetuosos de los principios de legalidad y juez natural, pues establecen, concretamente, que el procedimiento penal aplicable cuando sean los congresistas quienes cometen un delito, es el contenido en la Ley 600 de 2000 y este, en armonía de la Constitución, asigna a la Corte Suprema de Justicia la competencia para investigar y juzgar a los miembros del congreso.

Al no atender la necesidad de la recurrente, se la sometió a condiciones de vida que, dado que sufre de demencia o Alzheimer, incontinencia urinaria, infecciones urinarias recurrentes, y depende de terceros para las tareas más básicas, no le permiten disfrutar de su derecho a la salud.

Se debe hacer teniendo en cuenta sus condiciones particulares, siendo inadmisible la utilización de espacios destinados para cumplir medidas de aislamiento para tal propósito bajo el pretexto de que su internamiento en estas locaciones busca garantizar la integridad de esta población, a menos que se configure alguna de las causales señaladas en la normativa aplicable.

La alta relevancia constitucional del asunto reside en su novedad, en su complejidad y en su capacidad de provocar un pronunciamiento que informe la aplicación del derecho constitucional en otros casos similares. En este sentido, la solución que se adopte en este caso tendrá, potencialmente, un amplio impacto social debido al elevado número de personas que usan los servicios de Instagram.

Las TRHA se encuentran comprendidas en el ámbito de protección de los derechos sexuales y reproductivos. Con fundamento en tales derechos las personas se encuentran habilitadas para celebrar acuerdos acerca del modo en que deben desarrollarse. Su desarrollo exige considerar, a partir de una perspectiva de género, el impacto diferenciado que suponen para las mujeres.

Las familias conformadas por parejas del mismo sexo no deben ser sometidas a trámites administrativos innecesarios porque afectan de manera grave tanto a la madre como al hijo menor de edad, ambos sujetos de protección constitucional reforzada.

Cuando un trabajador ve disminuida su capacidad laboral debido a su estado de salud, aquel tiene, en principio, el derecho a conservar su puesto de trabajo o a ser reubicado de manera compatible con sus condiciones. Sin embargo, de no ser posible dicha reubicación, el empleador debe solicitarle al Ministerio del Trabajo la autorización para el despido.

No es razonable que una persona con pérdida de capacidad laboral del 12% no tenga posibilidad de trabajo en una entidad de la magnitud de la Fuerza Aérea Colombiana. Lo contrario sería admitir que los integrantes de las fuerzas armadas están sometidos a un estándar de protección mínimo que se diluye de forma inmediata ante cualquier disminución de la salud física o mental.

La protección a la unidad familiar es un derecho del que goza tanto el interno como su núcleo familiar. Sin embargo, no es un derecho absoluto ya que hace parte del grupo de garantías que se restringen como consecuencia de la relación de especial sujeción que surge entre el recluso y el Estado. Ello inexorablemente deriva del aislamiento obligado que genera la privación de libertad.

Sin desconocer las obligaciones legales de los extranjeros respecto a la regularización de su situación migratoria y su afiliación al Sistema de Seguridad Social, el hospital debió brindar la atención requerida a la gestante, pese a su situación migratoria irregular, en virtud de su condición, el principio de solidaridad y el interés superior del menor.