Ante peticiones sobre la situación militar de una persona el Ejército debe garantizar el debido proceso y definir con prontitud las solicitudes que al respecto reciba. Las demoras en la determinación de la situación militar de una persona pueden comprometer el goce efectivo del derecho al trabajo.

La prostitución es una actividad que ha sido definida como inmoral y la fuente de este estigma es el hecho de que contraviene el catálogo dado por la sociedad a las mujeres sobre cómo deben vivir su sexualidad. Este tratamiento ha derivado en una evidente desigualdad.

La administración de las pensiones de las cuales son beneficiarios los niños recae, por regla general, en los padres. Sin embargo, cuando haya una flagrante vulneración de los derechos fundamentales de los niños, las entidades pueden realizar el pago de la pensión a quienes tengan la titularidad del derecho de custodia.

La diversidad étnica y cultural de las personas afrodescendientes debe garantizarse en prisión, y las restricciones a las que son sometidas deben tener un enfoque diferencial que atienda a su cosmovisión y cultura, para que sus derechos no se limiten de manera desproporcionada.

El Estado ha dispuesto normas específicas para la protección de los venezolanos en territorio colombiano, que les permiten identificarse y acceder a los servicios estatales con pasaporte vencido que tenga el sello de la autoridad migratoria.

El reconocimiento de las licencias de maternidad y de paternidad no es un beneficio caprichoso que se concede al trabajador por el simple hecho de ser padre, sino una garantía del interés superior del niño. El acompañamiento de los padres contribuye al fortalecimiento de los vínculos paterno filiales y, por ende, al desarrollo armónico e integral de la niñez, que parte del concepto de familia como núcleo fundamental de la sociedad.

La restricción a cualquiera de las dimensiones del derecho a la educación, debe perseguir una justa causa y tiene que estar debidamente expuesta y justificada, bien por el legislador o bien por las entidades encargadas de garantizar el servicio de educación, so pena de derivar en arbitraria.

La calificación de la pérdida de capacidad laboral es un derecho que asiste a las personas, independientemente del régimen de seguridad social al que se encuentren vinculadas y es el medio para acceder a los derechos a la seguridad social, a la vida digna y al mínimo vital cuando sobreviene una invalidez, bien sea de origen común o laboral.

Esa forma de violencia es multidimensional y se manifiesta en daños psicológicos y sufrimiento emocional, afectaciones físicas, aislamiento social, perjuicios económicos, reducción de la movilidad tanto en línea como en los espacios no digitales y autocensura.

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