Las inhabilidades son restricciones a la capacidad jurídica de las personas para entablar ciertas relaciones jurídicas con el Estado. Buscan garantizar la transparencia, imparcialidad, igualdad y moralidad en el acceso y la permanencia en el servicio público, para que prime el interés general sobre el particular.

El acceso a una vivienda digna, en el estado social de derecho, no puede depender exclusivamente de la mano invisible del mercado. Por esta razón, desde la Constitución se prevén herramientas clave que orientan la intervención económica del Estado para garantizar a todos su acceso.

Las Administradoras de Fondos de Pensiones se encuentran facultadas para imponer ciertos requisitos al momento de reconocer derechos, aunque estos no pueden convertirse en obstáculos insuperables, que se traduzcan en un pretexto para desconocer derechos fundamentales.

Las omisiones y fallas del censo afectan el reconocimiento oficial de las diversidades en la población y obstruyen el diseño de políticas públicas idóneas que permitan superar las enormes brechas que golpean de forma desproporcionada a las poblaciones afrodescendientes.

La estabilidad laboral reforzada consiste en el derecho fundamental que tienen los trabajadores a permanecer en el puesto de trabajo y obtener los correspondientes beneficios salariales y prestacionales, incluso contra la voluntad del empleador, si no existe una causa objetiva que justifique el despido.

La práctica profesional para obtener el título de letrado es una expresión del principio de solidaridad, pues permite a los egresados realizar pasantías, en muchos casos sin derecho a retribución económica, con el objetivo de poner sus conocimientos al servicio de la comunidad.

Se constató que la tramitación descuidada del abogado solicitante y las omisiones procedimentales de la entidad recurrida vulneraron sus derechos al mínimo vital y a la seguridad social.

La Corte hizo un llamado de atención al órgano electoral del país por la alta abstención observada durante las elecciones de los Consejos Municipales de Juventudes de 2021, atribuida a la falta de locales de votación en zonas rurales.

La vulneración del derecho al mínimo vital implica que la persona afectada no pueda acceder a los recursos mínimos que le permitan procurarse su subsistencia en condiciones dignas, siendo su afectación aún más gravosa cuando el afectado es una persona vulnerable.

Los niños son sujetos de protección especial y, por ello, las decisiones que los afecten deben regirse por su interés superior, en especial cuando está involucrada su educación, libertad de expresión y libertad artística, los cuales son derechos fundamentales.